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Darias reformará la Ley de Función Pública y legislará sobre el teletrabajo

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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado que se aprobará la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado,  regulación del personal interino y legislación sobre el teletrabajo en el empleo público

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este jueves la intención del Gobierno de presentar un proyecto de reforma de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE), para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, así como medidas en materia de igualdad, avanzando en teletrabajo, y planes de formación y captación de talento para frenar el envejecimiento de las plantillas, ante el envejecimiento del 51% de la plantilla en la próxima década. También ha adelantado que se revisarán los criterios de acceso al empleo público.

Carolina Darias, que ha comparecido en la Comisión de Función Pública del Senado para explicar los planes de su departamento durante la legislatura en materia de Función Pública, ha indicado que la Administración General del Estado (AGE) avanzará hacia el buen gobierno, abierto, participativo y transparente, orientado a la realización de “políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás”.

Ley de Función Pública y modificación del Estatuto Básico

La ministra ha anunciado que el Gobierno presentará el proyecto de Ley de Función Pública de la AGE, que acometerá una profunda transformación en el sistema de empleo público basado en la carrera profesional, evaluación del desempeño, formación y personal directivo. Y con los principios de igualdad de género, fomento de la diversidad y la inclusión en la función pública, con especial atención a la integración de las personas con discapacidad, a las víctimas de violencia de género y del terrorismo.

La reforma del empleo público constituirá el eje básico de la modernización de la Administración: “Es necesario mejorar el acceso a la función pública”, por lo que, además de los principios rectores, igualdad, mérito, capacidad…se incorporarán criterios específicos en relación con las tareas concretas a desempeñar, ha resaltado.

En el ámbito local, la normativa del Estado es supletoria (en ausencia de desarrollo autonómico), y se planteará también actualizar cuestiones de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

La ministra ha adelantado también la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público en dos aspectos relevantes. Por un lado, mejorar la regulación del personal interino, para evitar situaciones que han llevado a un alto nivel de conflictividad y pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE. Y por otro, tras la experiencia de la etapa COVID, que ha mostrado el potencial de la modalidad del trabajo no presencial, dotar de un marco jurídico adecuado y consensuado a esta forma de trabajo, mejorando la conciliación y respetando los principios de igualdad y corresponsabilidad.

La Reforma de la Función Pública se integrará en el conjunto de las políticas de reformas estructurales del Gobierno y de sus esfuerzos para impulsar la modernización de la Administración, mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia de su funcionamiento y garantizar a la ciudadanía la prestación de los servicios públicos.

La ministra ha señalado que se impulsará en esta legislatura un “proceso de modernización reflexiva de la Administración pública“, para hacer de ella el mejor instrumento al servicio del buen gobierno y de las políticas públicas que España necesita. Una transformación basada en los conocimientos, las experiencias vividas y con nuevos elementos como son las tecnologías, la inteligencia artificial y las redes sociales, con un papel relevante que hoy “afecta a nuestras relaciones sociales y personales y a nuestras relaciones con la Administración”.

Queda probado, afirma la ministra, que “el Estado es la parte insustituible de la solución y no el problema”. Una Administración pública al servicio del buen gobierno, precisa de organismos vitales en ese proceso de modernización reflexiva: el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP).

El IEPP evaluará todas las políticas públicas, con el horizonte de la vertebración social y territorial y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y el INAP, fortalecido como centro de referencia de generación de conocimiento y valor público, funcionará como laboratorio para las administraciones públicas en la construcción de la sociedad del futuro, preparando a los servidores públicos.

La ministra ha añadido asimismo que el Plan de Captación de Talento contribuirá a poner freno al envejecimiento existente en la Administración General del Estado, a través de programas con universidades, institutos y centros de formación profesional.
Claves de la modernización: personas, recursos y procesosEmpleadas y empleados públicos

Carolina Darias se ha declarado “defensora férrea del servicio público” y ha elogiado la labor de los empleados públicos este tiempo: “Han demostrado una generosidad y una entrega dignas de elogio y en unas condiciones difíciles”.

La ministra ha informado que continuará el diálogo y la negociación con los representantes sindicales, con quienes ya ha alcanzado acuerdos y con el propósito de aprobar un nuevo acuerdo que permita seguir avanzando en la mejora del empleo público y condiciones de trabajo.

Retribuciones y apoyo a la conciliación

La ministra ha recordado una de las primeras medidas de este Gobierno, el incremento del 2% con efectos a 1 enero de 2020, y ha recalcado lo ya reiterado por el presidente y por la ministra de Hacienda: “El Gobierno mantiene su compromiso con las retribuciones de los empleados públicos”.

La ministra ha apuntado algunas medidas prioritarias en igualdad: itinerarios formativos en Igualdad en la Función Pública; apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y la corresponsabilidad; remover obstáculos que limitan la igualdad plena en el desarrollo de la carrera profesional; y medidas para la detección temprana y el abordaje integral de situaciones especialmente vulnerables, como es el acoso sexual y por razón de sexo.

Darias ha resaltado que las ofertas de empleo público de 2018 y 2019 reservan 424 plazas, que serán convocadas, ha anunciado la ministra, por ingreso libre y estarán reservadas para personas con discapacidad intelectual y física.

Oferta de empleo público (OEP)

Durante los años de crisis económica, las ofertas de empleo público estuvieron prácticamente congeladas. En 2018 el Gobierno del PP da un giro a la situación y en 2019, el Gobierno impulsó la mayor oferta de empleo público de los últimos 11 años, con 33.793 plazas.

El envejecimiento del personal genera un problema que puede afectar al funcionamiento de la Administración y a la prestación de servicios públicos. La edad media del personal de la AGE es de 52 años, casi diez años más que la del conjunto de la población activa (42,5) y la previsión es que en los próximos diez años, más del 51% del personal se va a jubilar, un aspecto al que asegura “hay que dar una respuesta y afrontar con las ofertas de empleo público”.

Reducción temporalidad

Y sobre el plan de estabilización del personal temporal aprobado por Cristóbal Montoro, que preveía situar la temporalidad por debajo del 8%, indicó que “los acuerdos no se están cumpliendo de la misma forma en todas las administraciones”.

En la AGE, el personal interino está ya por debajo del 8%. Hay en marcha procesos de estabilización, tras los acuerdos alcanzados en los últimos Presupuestos Generales del Estado, para situar la temporalidad por debajo de 8% en todas las administraciones públicas. En los sectores sanitario y educativo de las comunidades autónomas, la temporalidad sigue muy por encima del 8%.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de marzo de 2020, también incide en la alta temporalidad. El Gobierno “asume su compromiso con la reducción de la temporalidad e impulsa mecanismos de coordinación para que se desarrollen los procesos de estabilización del empleo público”.

Administración transparente y al servicio del buen gobierno

La ministra ha señalado la transparencia y el buen gobierno como principios fundamentales y ha anunciado que uno de los objetivos de Legislatura es la reforma de la actual Ley de Transparencia y Buen Gobierno (2013) para avanzar en la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, máximas garantías en el ejercicio del derecho de acceso e impulsar la participación ciudadana en las políticas públicas.

El alcance de la reforma, ha añadido, deberá perfilarse en los procesos de consulta y audiencia pública. “Es voluntad de este Ministerio avanzar en unas instituciones más trasparentes, más permeables al público, para mejorar en la consideración de instituciones responsables e íntegras que legitiman su papel ante la ciudadanía”, ha subrayado Carolina Darias.

Nuevo impulso también a la política de Gobierno Abierto, mediante la aprobación del IV Plan de Gobierno Abierto, una nueva estrategia de España, en colaboración con la sociedad civil y las distintas administraciones públicas, a través de la Comisión Sectorial de Gobierno abierto y del Foro de Gobierno Abierto.

MUFACE

Respecto a la modernización de MUFACE, pasa por un nuevo Plan 2020-2023, que incorpora la digitalización en la prestación del servicio y refuerza el papel de las direcciones provinciales. Buen ejemplo de los avances logrados es la implantación de la receta electrónica en 16 comunidades autónomas, a la que se sumará La Rioja. Antes de la crisis sanitaria, sólo se utilizaba en cuatro (Extremadura, Cantabria, Aragón y Asturias).

La ministra ha finalizado su intervención reiterando el valor de lo público y elogiando la labor de los empleados públicos.

 

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