Guardias civiles, en un control de carretera. AUGC
La denuncia de la Asociación de Guardias Civiles (AUGC) sobre el maltrato a los Agentes en Castilla-La Mancha, de baja o en cuarentena, que han tenido que atravesar cuatro provincias y conducir hasta 500 kilómetros para realizarse las pruebas y a los que se les ordena la reincorporación al servicio sin garantías sanitarias, no debería quedar en saco roto.
Es hora de que la Administración que corresponda, Ministerio de Sanidad, Sescam o Dirección General de la Guardia Civil tome las riendas de este descontrol y ponga un poco de cordura en este desaguisado antes de que sea demasiado tarde.
La misma AUGC ha advertido que de no ser así, emprenderá «las medidas necesarias para pedir las responsabilidades por los abandonos, dejadez de funciones, incumplimientos de las normas y cualquier otra cuestión que haya producido perjuicio para los guardias civiles».
El Ministerio de Sanidad se vio obligado a modificar recientemente la ‘Guía de actuación frente al coronavirus Covid-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios‘, donde se establecen las medidas de protección que se deben adoptar, eliminando del texto que los sanitarios se deberán incorporar al trabajo transcurridos 7 días.
En la anterior versión, se especificaba que «el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo transcurridos 7 días desde el inicio de síntomas». Esta parte recibió críticas de sindicatos como CSIF, CESM o CCOO y demás colectivos de la profesión médica, ya que se realizaba la incorporación sin confirmación negativa de coronavirus.
Sanidad introduce, ahora, una descripción sobre la transmisibilidad y la generación de inmunidad en los casos de Covid-19 y alude únicamente a que en caso de que no se realice la PCR, el trabajador terminará el aislamiento transcurridos 7 días desde el inicio de síntomas. Evitando pronunciarse específicamente sobre su incorporación al trabajo. Y se deja en el aire cuándo el sanitario debe reincoporarse al trabajo con sintomatología leve y al que no se le ha realizado la prueba de diagnóstico.
En este país es significativo el número de sanitarios contagiados y de trabajadores sociosanitarios que se han contagiado en su puesto de trabajo.
El terrible número de fallecidos y enfermos graves, así como el alto porcentaje de personal sanitario contagiado por el coronavirus COVID-19, exige explicaciones en el ámbito judicial.
Cuando el coronavirus pase, se tengan y conozcan los datos reales, será el momento de pedir responsabilidades. ¿Alguien las asumirá?
