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Los frentes judiciales que acechan a Ábalos por su reunión con la número ‘dos’ de Maduro

Cuatro formaciones políticas han presentado iniciativas en juzgados ordinarios, el Tribunal Supremo o la Fiscalía para que se investigue la visita de la vicepresidenta venezolana

Hasta seis frentes judiciales acechan ya al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas.

Según publica Alejandro Requeijo en Vozpópuli, el movimiento más relevante por el momento es el auto de la juez de guardia de Madrid en el que advierte indicios de delito y ordena conservar las imágenes de las cámaras de seguridad de aquella noche. Pero hay más iniciativas presentadas en los tribunales para esclarecer unos hechos sobre los que el Ejecutivo ha ofrecido versiones contradictorias o incompletas.

Justicia

Dos jueces de Madrid tienen en su mano tramitar una denuncia presentada por el Partido Popular y otra querella del llamado Partido Laócrata de España por presunta prevaricación en ese encuentro y determinar si debe abrirse un procedimiento penal.

Además, Vox presentó este martes una querella por el mismo delito contra Ábalos en el Supremo, tribunal ante el que está aforado por su condición de ministro y diputado, y que todavía no se ha pronunciado sobre su admisión o no a trámite. Ciudadanos, por su parte, ha optado por pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue.

La juez Susana Trujillano, en funciones de guardia, atendió así la medida cautelar urgente solicitada por el PP, que considera que la reunión puede constituir un delito de prevaricación al tener Rodríguez prohibida la entrada al territorio comunitario por el Consejo de la UE. El partido cree que esas cintas pueden ser pieza clave en la investigación.

En su auto, la juez sostiene que de los datos expuestos en el escrito presentado por la formación de Pablo Casado “se desprenden indicios racionales de hecho delictivo” y acuerda, con el criterio a favor de la Fiscalía, aceptar su solicitud.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, del que es titular Antonio Serrano-Arnal, tramitará la querella del Partido Laócrata de España también por la supuesta comisión de un delito de prevaricación en el marco de estos hechos. Serrano-Arnal es el instructor de la causa en la que se investiga el presunto fraude fiscal cometido por Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía.

En el Tribunal Supremo se han recibido dos querellas sobre estos hechos: una de Vox y otra del llamado Partido Laócrata de España, que también acudió a un juzgado de Madrid. En sus trámites iniciales, se les solicitará una fianza para poder ejercer como acusación popular y sólo entonces se pedirá a la Fiscalía el informe sobre la pertinencia o no de la admisión. La Sala de lo Penal tomará después una decisión.

Fiscalías

Después de que Vozpópuli desvelase el encuentro entre ambos mandatarios, el Partido Popular anunció acciones legales. El 31 de enero el partido instó a la Fiscalía General del Estado a investigar los hechos. Pedían tomar declaración al ministro, información a la Policía de lo que pasó esa noche y las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Ahora cualquier decisión de la Fiscalía de Madrid queda supeditada a lo que decidan los dos Juzgados de Madrid sobre los que han recaído sendas denuncias del PP y el Partido Laócrata. Lo habitual es que si ninguno de los dos Juzgados ve indicios de delito, el Ministerio Público rechace investigar. Pero legalmente puede hacerlo y hay precedentes de ello, según las fuentes consultadas. Por el momento, solo se ha pronunciado para no oponerse a la petición del PP de conservar las imágenes.

Tanto Vox como Ciudadanos también acudieron ante la Fiscalía General del Estado. El partido de Santiago Abascal solicitó el 31 de enero que se citase a declarar a Ábalos y pidió información sobre sus acompañantes en Barajas. La semana pasada amplió su escrito al conocer ya el nombre del asesor que iba con el ministro y que desveló Vozpópuli, Koldo García Izaguirre. Por su parte, Ciudadanos presentó una demanda contra Ábalos por prevaricación y desobediencia. A este periódico no le consta que por el momento se haya adoptado ninguna decisión por parte del Ministerio Público.

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