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Navarra no tendrá que pagar 326 millones por la Autovía del Pirineo

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El Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la empresa concesionaria de la Autovía del Pirineo (A-21)

El Gobierno de Navarra ha sido informado, en su sesión de este viernes, de la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación interpuesto por la concesionaria del contrato de ‘Concesión de obras públicas para la construcción y explotación de la Autovía del Pirineo A-21’, en el que solicitaba al Ejecutivo foral el restablecimiento del equilibrio económico de dicho contrato.

El 14 de octubre de 2013, “Autovía del Pirineo, S.A.”, sociedad concesionaria del contrato, se dirigió al entonces consejero de Fomento del Gobierno de Navarra para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico de dicho contrato. Su pretensión estaba motivada por la no ejecución de los tramos aragoneses de la Autovía, por parte del Ministerio de Fomento, y cuantificaba el perjuicio económico para toda la vida de la concesión en 325,9 millones de euros.

Mediante Resolución 85/2014, de 3 de febrero, del Director General de Obras Públicas, esta reclamación fue desestimada, lo que motivó un recurso de alzada de la concesionaria, que fue igualmente desestimado mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 14 de mayo de 2014.

Acabada la vía administrativa, la concesionaria inició a partir de entonces la vía judicial: primero interpuso un recurso contencioso administrativo contra el señalado Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 14 de mayo de 2014. En dicho recurso la sociedad concesionaria fijó su petición en 300.605.808 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimó el recurso de la concesionaria mediante sentencia de 13 de junio de 2016. Ante dicha sentencia la concesionaria interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Finalmente, el Tribunal Supremo, en la referida sentencia de 19 de diciembre de 2019, ha confirmado la sentencia señalada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, disponiendo que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la sociedad concesionaria.

Con esta sentencia culmina el contencioso judicial sobre esta cuestión, habiéndose acreditado en el mismo que el Gobierno de Navarra en esta cuestión “ha cumplido escrupulosamente con los términos del contrato firmado con la concesionaria, sin provocarle por ello perjuicio económico alguno”.

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