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La asociación Irache denuncia encarecimientos de los contratos de luz

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha denunciado los encarecimientos, de hasta 200 euros en un año, que se están aplicando en muchos contratos de la luz una vez transcurrido el primer año, sin que los clientes tengan conocimiento de ello

La mayor parte de los contratos de luz y gas, explica Irache en un comunicado, suelen ser de un año de duración prorrogable, si ninguna de las partes comunica lo contrario y “lo que suele suceder es que, cuando se va a cumplir el primer año y dentro del plazo marcado en el contrato (generalmente quince días o un mes), la comercializadora sube los precios”.

En ocasiones, señala la asociación, la comercializadora envía una carta para comunicarlo, aunque no siempre es así.

Irache destaca que los aumentos a veces son notables y el precio del kilovatio/hora cambia de 0,13 a 0,19 euros, por ejemplo. Otras ocasiones estos cambios han supuesto para el consumidor pagar hasta quince euros más al mes.

En muchas de las cartas, denuncia la entidad, “solo se informa de las nuevas condiciones pero no se explica al consumidor que puede rescindir el contrato sin penalización alguna”, lo que, “junto al lenguaje comercial de las misivas, hace que muchas personas no se paren a pensar en el encarecimiento que suponen las nuevas condiciones y en la posibilidad de cambiar de compañía”.

Si el cliente no comunica la rescisión de su contrato, se entiende que acepta los nuevos precios y condiciones, que se le aplicarán en cuanto se cumpla el plazo anunciado, como indican las condiciones generales de algunos contratos.

Además, subraya Irache, estas modificaciones no solo suponen una subida del precio de la energía o de la potencia, sino que en ocasiones en el nuevo contrato se añaden productos vinculados que antes no había, como un servicio de mantenimiento, de urgencias o de protección de datos.

Hace poco más de un año una modificación en la ley prohibió realizar contratos de luz y gas puerta a puerta, que eran fuente de prácticas abusivas. Desde entonces, la norma solo permite acudir a la casa de un consumidor para suscribir un contrato si éste lo ha solicitado previamente.

A partir de este cambio se han multiplicado las llamadas telefónicas para ofrecer contratos de luz y gas, una forma de comercialización que para Irache “tampoco destaca por su transparencia”. EFE

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