El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. EFE/Archivo
El magistrado Manuel Marchena, ponente de la sentencia del proceso, ha garantizado este miércoles que la histórica resolución es fruto de las contribuciones de «todos y cada uno» de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo y ha lamentado «de corazón» que se filtraran a los medios detalles de la misma
Dos días después de hacerse pública la sentencia, Marchena ha comparecido ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como candidato para seguir cinco años más al frente de la Sala de lo Penal Supremo, cargo para el que no se ha presentado otro aspirante.
Según ha explicado, en su candidatura debía incluir tres sentencias relevantes dictadas a lo largo de su carrera, pero no pudo adjuntar la del «procés» porque todavía no estaba concluida.
No obstante, la ha citado en su exposición y ha sido objeto de varias preguntas; ha sido, según Marchena, una resolución «muy especial» y de «gran complejidad», que por su contenido, extensión y los problemas que abordaba ha exigido «de todos y cada uno de los miembros de la Sala un esfuerzo deliberativo».
Ha resaltado que los siete magistrados que han integrado el tribunal del «procés» han estado dedicados durante meses en exclusiva a esta causa y que en la misma se han visto implicados, de una u otra forma, otros seis magistrados de la Sala de lo Penal, compuesta en total por quince.
En la hipótesis de que se tuviera que repetir «algo de este enjuiciamiento», que hubiera que enjuiciar «hechos similares con distintos protagonistas», ha alertado, podría haber dificultades para integrar el tribunal, ya que solo dos magistrados de la Sala de lo Penal han quedado al margen de la causa del «procés».
A preguntas del presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que ha encabezado el tribunal examinador, Marchena ha tenido que referirse a las filtraciones del fallo antes de que lo conocieran los propios acusados.
«Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder», ha manifestado.
A su juicio, las filtraciones son «un mal al que hay que hacer frente», pero ha quitado cierto hierro a lo ocurrido en este caso porque no se filtró la sentencia como tal, con todo su cuerpo argumentativo, y se trataba de «un oscuro objeto de deseo» por el que se llegó hasta a hackear su cuenta de correo privada.
El magistrado ha eximido de toda culpa a los periodistas -sería «absurdo» pedirles que no difundieran una información de ese calado si acceden a ella- y ha admitido que los magistrados estaban convencidos de que en algún momento habría filtraciones porque se trataba de un macroproceso en el que han intervenido multitud de personas.
Sobre la presencia de acusaciones populares en los juicios -Vox lo fue en el del «procés»- ha afirmado que «un partido político nunca debe ser parte activa en un proceso penal», al margen de cual sea su ideología, como tampoco debe serlo un sindicato o una asociación sin vinculación con el asunto que se analiza.
La presencia de aforados en el «procés» llevó el juicio al Supremo y Marchena ha asegurado que no hay pérdida de garantías al perderse la doble instancia, pero ha sido muy crítico con el elevado número de aforados que hay en España.
A su juicio, es un error pesar que un cargo público «no está bien vestido» si no tiene un aforamiento y hay que evitar que se vea como algo «quasi-protocolario», ya que surge entonces «el aroma del privilegio».
Marchena, fiscal de carrera desde 1985, llegó como magistrado a la Sala de lo Penal del Supremo en 2007 y hace cinco años pasó a presidirla, un mandato que concluye ahora y que previsiblemente renovará ante la falta de contrincantes.
Al evaluar su labor estos años, ha considerado que se han fortalecido las relaciones con instancias internacionales y, como prueba de la «absoluta fe en lo que se ha llamado el diálogo entre tribunales», ha recordado la cuestión prejudicial presentada ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
Según ha explicado, ha sido ponente en alrededor de 600 sentencias y ha destacado por su relevancia el caso del llamado «pederasta de Ciudad Lineal», en el que se abordó el tratamiento de la presunción de inocencia de un acusado fuera del tribunal; el juicio a Falciani y el debate sobre la licitud de determinadas pruebas; y la segunda sentencia dictada en el Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. EFE
