Miembros de la Comisión Sectorial de Investigación del G-9 reunida en Mieres.
La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9) reclama que la I+D+i sea considerada inversión y no gasto y que cuente con una financiación «suficiente y estable» en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
Tras la reunión de la comisión en el campus de Mieres, su presidente y rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha dado cuenta de las conclusiones, entre las que se encuentra la «preocupación» por las consecuencias del desarrollo de la ley de contratos del sector público, que «ha ralentizado la actividad investigadora».
«La gestión universitaria requiere cambios legislativos profundos que tengan en cuenta la actividad singular de las universidades», sostiene el organismo, que pide cambios apoyados por todas las fuerzas políticas.
El G-9 está formado por las instituciones académicas que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Navarra y Zaragoza.
La Comisión Sectorial de Investigación de este grupo de universidades advierte del aumento de carga burocrática por las justificaciones de subvenciones de proyectos de I+D+i, especialmente del plan estatal, y reclama que la I+D+i no esté sometida a la ley general de subvenciones.
Las universidades consideran «muy positiva la introducción» del sexenio de transferencia, pero indican que el «ingente número de solicitudes y una cierta falta de definición en los criterios» genera dificultades de gestión.
Por otra parte, consideran necesario impulsar «con decisión» los programas de recursos humanos para la investigación, especialmente el Programa Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, así como implementar otros programas orientados a la captación y a la retención de talento, pero advierten de «deficiencias» en las actuales figuras contractuales.
A la comisión le preocupa la falta de avances en la elaboración de un estatuto del Personal Docente e Investigador y reclama mantener en 240 las horas de colaboración docente a impartir por los contratados predoctorales y en materia de acceso a bibliografía, reclama la convocatoria de las ayudas de la FECYT.
Asimismo, solicita que las universidades públicas sean tratadas en condiciones de igualdad, que la subcontratación de fondos contractuales externos quede excluida de la ley de contratos del sector público y programas de financiación para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible.
