La portavoz del Gobierno de Navarra María Solana esta tarde durante la rueda de prensa. EFE/Jesús Diges
El Gobierno de Navarra «no renuncia» a que el palacio del Marqués de Rozalejo albergue el Instituto de la Memoria pero la «gravedad» de la situación creada en torno a ese edificio le ha llevado a solicitar la suspensión de la orden de desalojo al considerar que es «lo más procedente y prudente».
La decisión, que ha dado lugar al archivo de la causa, ha sido adoptada de forma «unilateral» por el Gobierno Foral, según ha explicado en rueda de prensa su portavoz, María Solana, quien ha lamentado la «falta de sintonía» con sus socios en esta cuestión puesta de manifiesto en una reunión celebrada esta misma mañana.
La solicitud del Ejecutivo ha llevado al juzgado de Instrucción número 4 a dictar un auto en el que se acuerda archivar la causa abierta por la ocupación del citado inmueble al entender que esa petición supone una «tolerancia temporal de la ocupación» y por tanto «los hechos no pueden considerarse constitutivos de delito».
Solana ha remarcado que la decisión se ha adoptado en «defensa de los intereses generales», a lo que ha añadido que han estimado que en este momento «prevalece el de la seguridad ciudadana ante la defensa de un bien de titularidad pública».
Ello, no obstante, «no supone en ningún caso» que el Gobierno renuncie a la defensa del bien de titularidad pública, ha aseverado la consejera, quien ha sostenido que el desalojo que tuvo lugar ayer no fue «un error», al tiempo que ha defendido que se pusieron «los medios» para cerrar el edificio.
Solana ha detallado que ante «la gravedad» de la situación creada en torno al palacio han acordado pedir que se suspendiera la orden de desalojo, no que se archivara, ni que se retirara la denuncia, ha precisado, con el objetivo de buscar el «tiempo necesario para preservar y asegurar el mantenimiento de la seguridad ciudadana».
Ha explicado que, ante la «dificultad puesta de manifiesto ayer de mantener los efectos del desalojo», ya que el edificio fue de nuevo okupado, optaron por reconducir esa tarea hasta el momento en el que el destino del inmueble tenga una «definición suficiente para llevar a cabo las actuaciones pertinentes», sin riesgo de que se repitan hechos como los de ayer.
La portavoz ha remarcado que ha sido el Gobierno de forma «unilateral», no el cuatripartito, el que ha tomado esta decisión por ser «lo más procedente y prudente» y en este sentido ha lamentado la «falta de sintonía» evidenciada en la reunión con sus socios, a la que, según ha dicho, han acudido con «posiciones premarcadas, fijadas».
Respecto al desalojo ha reiterado que no lo consideran un «error» y que se hizo porque entienden que tenían que hacerlo, porque no han divisado «ninguna voluntad de diálogo, ni de querer buscar salida» por parte de los ocupantes del palacio.
En esa línea ha dicho tener constancia de que se procedió al desalojo con «garantías» y sin heridos, ni detenidos en esa actuación como tal.
En cuanto a la okupación que tuvo lugar posteriormente ha insistido en que cree que se tomaron las medidas oportunas y posibles para evitarla y ha considerado «un absurdo» considerar que después de una actuación de diez horas con un esfuerzo «por hacer las cosas de la mejor manera posible» pudiera haber alguna intención de «no querer cerrar el edificio».
Al respecto ha asegurado que es «imposible garantizar un blindaje absoluto», al tiempo que ha mostrado su preocupación por las condiciones en las que se encuentra el inmueble y por la presencia en él de menores.
Solana, quien ha insistido en su disposición al diálogo para «posibilitar un desalojo voluntario, no policial», ha dicho a quienes dicen que «la responsabilidad es solo del Gobierno» que no es así que «todos y cada uno» tienen responsabilidad, en alusión a quienes ocupan el edificio, la formaciones que alimentan unas u otras posiciones o el ayuntamiento. EFE
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