Miguel Cornejo
Hoy, con su permiso, vamos a desmontar el mito de que decidimos por mayoría.
Sobre el papel, nuestra convivencia se regula en función del voto secreto e igual de todos. En la práctica, el sistema democrático de decisión y arbitraje es sólo el último recurso, cuesta aplicarlo, y se usa poco. En el día a día aplicamos algo más difuso llamado “consenso” donde acaba mandando la persona con más legitimidad o la que menos cede. Como cuando en una familia se debate el lugar de vacaciones, raramente decide la mayoría sino la persona a la que más le ilusiona una u otra opción, menos dispuesta está a dejarse convencer por lo que quieren los demás, o más lejos está dispuesta a llegar para defender su opción.
Hay una teoría (originada por Serge Moscovici) que busca explicar la influencia de algunas minorías, y cómo posiciones minoritarias se han convertido en norma y en auténtica ortodoxia política. Desde terminologías (“violencia de género”) o rotulaciones, hasta actitudes (educación monolingüe en Cataluña, exigencia de servicios públicos en idiomas minoritarios) o incluso composición de los alimentos, la realidad ha ido cambiando sin tener el apoyo de la mayoría.
La teoría “de la conversión”, “de la minoría consistente” o “intransigente” explica que en un grupo en el que hay división de opiniones pero la motivación de una parte es mayor que la de otra, es frecuente que la opinión que prevalezca no sea la mayoritaria (porque no se decide por votación) sino la de la porción más intransigente. El resto cede y se adapta, sea por cortesía o para evitar un conflicto incómodo. Del mismo modo que en una casa en la que hay un intolerante a la lactosa es frecuente que la dieta de todos se adapte, y no que el cambio se limite a la persona afectada.
Siguiendo con el ejemplo, cuando se juntan cinco familias para comer y una es “intolerante a la lactosa” (porque lo es uno de sus miembros) la comida que se elige para todos tiende a evitar el problema aunque el 90% de los presentes no lo tengan, adoptando una solución común en lugar de personalizar el menú. No se evitará la leche, pero seguro que la comida no va a consistir en fondue de quesos. Lo mismo pasa con los alérgenos en muchos alimentos. Para evitar el riesgo a una minoría, se eliminan componentes e incluso se señala cuando puede haber mínimas muestras. Y al final, la dieta habitual cambia.
El lado oscuro de esas decisiones lo ilustra la política en Sanfermines. La mayor parte de la sociedad quiere unas fiestas sin divisiones ni partidismos. Las normas sobre símbolos, banderas y espacios públicos están ahí. Pero año tras año, la actitud de unos pocos consigue acabar con la parte de las fiestas que no les gusta (a golpes), empapelarla en sus propios símbolos y convertirla en un escaparate de su ideología ante el mundo. Porque el resto de la ciudadanía (desde las autoridades a los pamploneses) rehúye ya el conflicto y les deja hacer.
Esa buena voluntad general de observar la regla que nos impone una minoría (o esta aversión al conflicto), cuando afecta a decisiones sociales, toma a veces el nombre de “corrección política”. Personalmente no lo compartimos, no nos importa o nos parece exagerado, pero es “como debe ser” para “no ofender”, “no tener problemas”, o no hacer que gente sensible se sienta mal. Y en Alsasua se se acaba convirtiendo en dogma que se pueden quemar banderas o fotos del Rey, o símbolos de los cuarteles de la Guardia Civil, y lo incorrecto es criticarlo.
Cualquier sociedad está construída por decenas de subconjuntos. Familia, asociaciones, claustros, sindicatos. Cuando un subconjunto (sindicatos de profesores en la educación pública) decide oponerse a algo (la enseñanza de religión como materia obligatoria), pese a la voluntad de otros conjuntos teóricamente más legitimados (los padres) la cuestión pasa a decidirse no por legitimidad sino por intransigencia. Aunque, si escarbamos, veremos con toda probabilidad que esa posición no es común sino asumida por el grupo porque hay miembros muy motivados que le dan gran importancia. La minoría intransigente es ampliada exponencialmente por el mecanismo de consenso.
Hay un punto en el que por fin se rompe el mecanismo y es cuando entra en juego la democracia. Ahí no hay tanta presión para evitar conflictos o para no ofender sensibilidades, y cada uno vota lo que cree de verdad (como esos pueblos del Navarra que en municipales votan a nacionalistas pero en nacionales eligen como segunda fuerza al PP).
Muchas veces los partidos que se presentan asumen parte de esa “corrección política” o incluso la usan para descalificarse entre sí, de modo que el cortafuegos no es completo. Pero al menos está ahí.
Así se crea la presión popular, especialmente en lugares pequeños. Se empieza por las asociaciones y agrupaciones, donde los motivados suelen convertirse en los organizadores (porque son los que están dispuestos a moverse) y se usan como herramienta de presión sobre otras instituciones hasta que la población entera asume que más vale aceptar esa actitud o punto de vista para evitar la conflictividad social. Cada grupo es un escalón. Y la presión es real, porque el conflicto es real.
Esto no siempre es malo. Es la forma de mover una sociedad estática. Es como las sufragistas rompieron los moldes. Es como empiezan todas las revoluciones sociales, y hasta los movimientos religiosos. Es como una asociación de vecinos contra el terrorismo pone coto a los abusos de su municipio. Pero también es como cuatro nacionalistas han impuestos subvenciones al euskera en un municipio que no puede permitirse alegrías, como Burlada. Y el modo en que han hecho desaparecer las candidaturas constitucionalistas de muchas poblaciones del norte de Navarra, donde ya casi sólo se presentan Bildu y PNV.
Las decisiones habituales no se toman por mayoría. Se toman por consenso y equilibrio. Hasta la autoridad mira para otro lado cuando un “consenso social” emerge y nadie lo cuestiona, hasta que se ve obligada a actuar. Es el caso de las cruces amarillas y los lacitos separatistas: los ayuntamientos no han empezado a intervenir hasta que grupos de intransigentes no separatistas se han enfrentado a los intransigentes separatistas. Sólo cuando no hay un consenso social, se recurre a aplicar la ley y eventualmente al criterio democrático.
Perdámosle el respeto al “consenso”, a la “corrección política”, al riesgo de conflicto. Lo correcto es lo correcto aunque al vecino no le guste o nos ponga malas caras. Defendámoslo, porque es nuestro derecho. Resistamos a la presión de los que quieren imponer opiniones minoritarias, porque esa imposición acaba mal. Que haya candidaturas aunque en el bar nos miren mal o nos pinten el escaparate. Que se aplique la ley. Que prime el criterio democrático, y no el de cualquier subconjunto motivado por sus propios intereses.
Al final, votaremos.
Miguel Cornejo, (@miguelcornejoSE) es economista y responsable de Asociaciones y Entidades en Ciudadanos Navarra.
