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La falta de consenso impide que el Parlamento de Navarra apruebe un pronunciamiento a favor de garantizar la función social de la vivienda
La Junta de Portavoces ha rechazado una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra reafirma su compromiso con el artículo 47 de la Constitución Española, y con el impulso de políticas públicas ambiciosas y eficaces que garanticen el derecho a una vivienda digna y adecuada, presentada por los G.P. PSN y Contigo-Zurekin.
EH Bildu y Geroa Bai han votado ha favor; UPN, PPN y G-Mixto ha votado en contra.
La declaración institucional rechazada dice lo siguiente:
1.- El Parlamento de Navarra reafirma su compromiso con el artículo 47 de la Constitución Española y con el impulso de políticas públicas ambiciosas y eficaces que garanticen el derecho a una vivienda digna y adecuada.
2.- El Parlamento de Navarra lamenta y rechaza la no convalidación de los dos Reales Decretos-Ley que incluían medidas de protección en materia de vivienda. Considera que su decaimiento supone una oportunidad perdida para responder a una necesidad social urgente y deja sin protección a miles de personas y familias, especialmente a las más vulnerables.
Asimismo, considera que la responsabilidad política exige que el ejercicio de la oposición se acompañe de alternativas que contribuyan a resolver los problemas reales de la ciudadanía, y no a debilitar su protección.
3.- El Parlamento de Navarra reafirma su compromiso con un modelo de política de vivienda que sitúe a las personas y el interés general en el centro de la acción pública, garantice la función social de la vivienda y asegure que el acceso a un hogar no constituya un privilegio condicionado por la capacidad económica, sino una garantía esencial para desarrollar una vida digna y un proyecto de futuro.
4. El Parlamento de Navarra pone en valor el compromiso del Gobierno de Navarra con el desarrollo de políticas públicas destinadas a dar respuesta a la emergencia habitacional, mediante el impulso de nuevas medidas para ampliar la oferta de vivienda protegida y facilitar el acceso a una vivienda asequible. Este compromiso que debe mantenerse y reforzarse mediante políticas públicas estables, ambiciosas y eficaces, que hagan del derecho a la vivienda y del bienestar de la ciudadanía una prioridad permanente de todas las Administraciones.
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