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La convocatoria de oposición sí se publicará en 2018, para no perder las 73 plazas de la OPE de 2015
Tras un análisis en profundidad de las distintas normas que atañen a esta cuestión, el departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha concluido que “la convocatoria de las 73 plazas de la Oferta Pública de Empleo de Infantil y Primaria se debe realizar antes del 16 de abril de próximo año 2018, mientras que la oposición propiamente dicha se podrá llevar a cabo en junio de 2019”.
Con esta medida, el Departamento considera que “en primer lugar se cumple la legalidad y se asegura no perder las 73 plazas que tenemos pendientes desde marzo de 2015, cuestión importante si queremos seguir trabajando por una mejor calidad de la enseñanza pública de Navarra”. Así mismo, la Consejera Solana valora que “de este modo se atiende a las solicitudes tanto de docentes interinos como de sindicatos del sector, una vez despejada la duda respecto a la posible pérdida de las plazas, en caso de no publicar la convocatoria en 2018”.
La consejera de Educación, María Solana, ha advertido que “para este gobierno es importante consolidar puestos de trabajo y conseguir realizar OPEs en Navarra, tras demasiados años sin convocar ninguna en Educación. No podíamos desperdiciar estas 73 plazas de Infantil y Primaria. Ahora, en las próximas semanas, estudiaremos si además podemos ampliar ese número”.
Tal y como anunció la semana pasada la consejera de Educación del Gobierno de Navarra en rueda de prensa, el departamento ha estado estudiando la posibilidad de realizar la convocatoria de la oposición de las 73 plazas de Infantil y Primaria en 2019, cuestión que es inviable. Por lo tanto, la convocatoria de la oposición se convocará como muy tarde en abril de 2018, requisito para que no expiren las 73 plazas de Infantil y Primaria ya que la normativa aplicable, tanto estatal como foral, no establecen límite alguno al respecto, siendo perfectamente legal que la convocatoria se publique en 2018 y el comienzo de las pruebas tenga lugar en 2019. También el propio Defensor del Pueblo en el Expediente Q17/730 apunta que “de conformidad con el régimen jurídico-legal aplicable, la convocatoria de la oferta de empleo público referida a las 73 plazas de Maestro debería realizarse (aprobarse y publicarse) con carácter obligatorio el 16 de abril de 2018 como último día, y llevarse a cabo el procedimiento selectivo en unos plazos razonables conforme a las características ordinarias de este tipo de convocatorias”.
Con la decisión adoptada por el Departamento, por un lado se evitará que Navarra sea la única Comunidad que convoque esas plazas en 2018, descompasándose del ritmo habitual que se sigue en el resto del Estado; por otro lado, se evitaría cualquier problema de organización en el Departamento, habida cuenta de la dificultad de gestionar convocatorias de dos cuerpos distintos simultáneamente.
“El compromiso del Gobierno de Navarra es seguir apostando por la escuela pública de calidad y por el trabajo y diálogo con sindicatos y profesionales del sector, para garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo público navarro”, ha afirmado Solana.
El Departamento ya ha notificado la decisión a la Asamblea de Maestros y Maestras de la enseñanza pública, tal y como la propia consejera se comprometió a hacer durante la reunión mantenida con sus representantes el pasado lunes día 13 de noviembre en el departamento. Solana les informó de cuál era la situación respecto a la norma y que se estaba estudiando si existía posibilidad alguna de no perder esas plazas y hacer la oposición en el 19. Así mismo, también se ha informado a los sindicatos en la reunión de Mesa Sectorial celebrada esta mañana.
Lista única
La consejera de educación también ha presentado la propuesta sobre lista única que ya avanzó primero al cuatripartito y luego ante la Comisión de Educación en el Parlamento, donde se argumenta el encaje jurídico-técnico de la lista única. La mayoría sindical se ha mostrado a favor de la propuesta y ha vuelto una vez más a exigir que se acabe con una discriminación que vulnera derechos de una parte de las y los docentes.