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El Gobierno agiliza la salida de empresas de Cataluña pero evita el artículo 155

El Gobierno agiliza la salida de empresas de Cataluña pero evita el artículo 155

El Gobierno ha aprobado un real decreto ley que agiliza la salida de empresas de Cataluña, pero en contra de lo que le ha vuelto a pedir hoy Ciudadanos, se resiste a recurrir por ahora al artículo 155 de la Constitución para hacer frente a una declaración unilateral de independencia.

La decisión que facilita la salida de empresas ha sido aprobada en la reunión del Consejo de Ministros que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y a la que han asistido todos los miembros del Gabinete.

Consiste en un real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional que elimina en la práctica que un eventual traslado de la sede social de una empresa tenga que pasar por su junta de accionistas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha comparecido junto al portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo, ha informado de que este decreto se ha aprobado a petición de las empresas y ante la incertidumbre generada por la «política irresponsable» de la Generalitat.

Hoy, Gas Natural Fenosa ha decidido trasladar su sede social de Barcelona a Madrid, uniéndose así a otras empresas que ya han acordado su salida de Cataluña como Banco Sabadell o Caixabank.

Méndez de Vigo ha asegurado que el Gobierno toma medidas todos los días ante la situación de Cataluña y ha considerado que la más importante de todas es hacer pedagogía, explicar las cosas.

Por eso ha rechazado las críticas de inacción dirigidas al Ejecutivo y ha recordado las palabras de ayer de Rajoy en una entrevista con la Agencia Efe, en la que aseguró que el Gobierno sabe lo que tiene que hacer y cuándo debe hacerlo.

En consonancia con ello, respeta las opiniones de quien pide aplicar ya el artículo 155 de la Constitución para asumir algunas competencias de Cataluña, pero asegura que el Ejecutivo «no se va a dejar influir por nadie».

«El Gobierno tomará en el momento oportuno aquellas decisiones que tenga por conveniente y lo hará con inmediatez, firmeza y serenidad», ha asegurado Méndez de Vigo.

El rechazo a recurrir en este momento a ese artículo de la Constitución se lo ha transmitido hoy Rajoy al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la reunión que han mantenido ambos en el Palacio de la Moncloa.

Un encuentro solicitado por Rivera, que se ha celebrado a primera hora de la mañana, antes de al reunión del Consejo de Ministros, y en la que el presidente de Cs ha intentado sin éxito convencer a Rajoy de que aplique ya ese artículo de la Constitución antes de que sea demasiado tarde.

El líder de Ciudadanos ya pidió el lunes también en Moncloa que mediante la aplicación de ese artículo el Gobierno asuma la competencia de convocar elecciones autonómicas en Cataluña, y hoy ha vuelto a plantearlo ante la urgencia de hacer frente a una declaración unilateral de independencia.

Pero Rajoy ha decidido no recurrir por ahora a esa medida a la espera de la evolución de los acontecimientos.

De momento, la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante el Parlament será el martes en vez del lunes como estaba previsto y después de que el Tribunal Constitucional anulara la sesión plenaria inicialmente prevista.

Las decisiones de varias empresas de salir de Cataluña y la movilización de los ciudadanos no independentistas en Cataluña creen fuentes del Gobierno que son también datos relevantes.

Méndez de Vigo ha reiterado que lo esencial es la vuelta a la legalidad, que Puigdemont no dé «pasos irreversibles en la mala dirección» y que renuncie a una declaración unilateral de independencia.

Sólo a partir de ahí cree que es posible un diálogo que, tal y como apuntó ayer Rajoy, debe comenzar en el Parlamento catalán.

Méndez de Vigo ha elogiado la intervención del Rey el pasado martes tanto por el momento elegido como por la defensa que hizo del orden constitucional, y ha destacado el respaldo que ha dado esta semana el Parlamento Europeo a la defensa de la legalidad en España. EFE

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