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CCOO rechaza la implantación del “cheque de formación” en Navarra

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CCOO critica el cheque formación porque las experiencias europeas conocidas nos hablan de desigualdad y fraude. Además, como se planteó en la reforma laboral del 2012, en la Ley 30/2015 y su Real Decreto de desarrollo, «es un instrumento más en la línea de la privatización de la formación»

El pasado mes de julio entró en vigor el Real Decreto 694/2017, que abre la posibilidad a que los servicios públicos de empleo de las CCAA puedan financiar las acciones formativas dirigidas a personas desempleadas mediante la implantación del cheque de formación.

Este cheque es una iniciativa del Gobierno que figura en la reforma laboral, destinada a financiar el derecho individual a la formación, en el que una persona podrá utilizar la cuantía de su cheque y canjearlo por la formación que desee llevar a cabo. En el artículo 26 que lo regula se establece que para su implantación se “requerirá la consulta previa con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como la delimitación de los sectores en los que se aplicara”.

Desde el sindicato añaden que si se pretende desarrollar el cheque, su desarrollo ha de ser a través de la «negociación y acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales», garantizando el acceso universal de los colectivos más desfavorecidos, la gratuidad de las acciones, la formación de calidad, eficaz y eficiente en los recursos y la mejora de las condiciones para acceder a un empleo.

CCOO exige establecer mecanismos que aseguren su efectividad, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos para evitar el fraude.

Pilar Ruiz, secretaria de Formación y Empleo de CCOO de Navarra, asegura que “es esencial que se llegue a un acuerdo de mínimos en este tema para que se establezcan unos principios que garanticen el acceso universal, la prioridad de los colectivos más desfavorecidos, la gratuidad de las acciones y una formación de calidad  que realmente contribuya a la mejora de las condiciones para acceder a un empleo. Al mismo tiempo, reivindicamos que se establezcan mecanismos que aseguren una utilización eficiente de los recursos para evitar el fraude y que se pueda realizar un seguimiento, control y evaluación”.

 

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