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El Parlamento Foral aprueba una ley que busca garantizar el derecho al acceso a la vivienda

El Parlamento Foral aprueba una ley que busca garantizar el derecho al acceso a la vivienda

La norma impulsa el alquiler protegido con precios más económicos y facilita la rehabilitación de edificios

La Cámara foral ha aprobado hoy la proposición de ley foral por la que se adoptan medidas de apoyo en materia de vivienda que, según sus impulsores, da pasos en favor de garantizar el derecho al acceso a la vivienda de la ciudadanía en general, pero en especial de los colectivos más vulnerables.

El texto ha salido adelante con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, la abstención del PSN y el voto en contra de UPN y PPN.

La iniciativa presentada por el cuatripartito modifica la actual legislación para promover el derecho a una vivienda digna e impulsar el alquiler protegido a través de un descenso de los precios y la promoción de nueva vivienda. También busca facilitar otras actuaciones como la rehabilitación de edificios, flexibilizando los requisitos para acceder a ayudas o mejorando las subvenciones.

La norma busca «huir del modelo de la burbuja inmobiliaria» estimulando la promoción de nuevas viviendas a través de cooperativas, con una nueva fórmula de tenencia como es la cesión en uso, favorecer la participación pública en el diseño de políticas de vivienda y mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

En cuanto al fomento del alquiler protegido, prevé un descenso de las rentas de entre un 8,05 % y un 14,67 % respecto a los precios de 2015. Esas cuantías que estarán congeladas durante 2017, se actualizarán conforme al IPC.

Se establecen también subvenciones de entre un 23 y un 30 % para la promoción de vivienda nuevas en alquiler protegidos y subvenciones del 50 % para entidades locales que rehabiliten sus viviendas vacías para destinarlas a alquiler.

En el pleno se han aprobado dos enmiendas in voce, una que afecta a 30 expedientes en tramitación de eliminación de barreras o accesibilidad que suponen 272 viviendas y otra que establece la asignación de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, sin opción de compra.

Las medidas recogidas en la norma «van a servir para garantizar por la vía de los hechos el derecho al acceso a la vivienda», ha dicho Isabel Aramburu (Geroa Bai), quien ha hecho hincapié en el desarrollo del Plan de Vivienda recogido en la norma

«Con esta ley se empieza a poner los mecanismos para que sea cada vez más real el derecho de todas las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», ha opinado Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu), quien ha añadido que tienen un «reto importante y un debate duro» en el que se debería tener en cuenta la necesidad de vivienda como algo vinculado a la persona y no a la familia

Como «un primer paso» ha calificado esta norma «innovadora» Mikel Buil (Podemos), quien ha destacado mejoras como subvenciones a víctimas de violencia, personas con discapacidad y usuarios de renta garantizada o la eliminación de barreras arquitectónicas, así como la creación de empleo estimada en 1.600 empleos.

Ainhoa Unzu (PSN) ha coincidido en que es «un primer paso», pero «de cambio nada», ha apostillado, a lo que ha añadido que «no cumple su principal objetivo ya que no garantiza el derecho a la vivienda». Ha mostrado «satisfacción contenida» porque han sido incorporadas enmiendas de su grupo en relación con cuestiones como la bolsa de alquiler, víctimas de violencia de género o desahucios.

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha afirmado que esta proposición de ley da «pasos firmes» para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y en ese sentido se recogen «actuaciones y compromisos muy firmes».

Luis Zarraluqui (UPN) se ha mostrado a favor de cambiar el modelo pero no en esta línea. Ha reconocido como positivo el precio de alquiler desvinculado del módulo, la ayuda a promotores para desarrollar promociones de alquiler o a entidades locales para rehabilitación, frente a aspectos que ha cuestionado como el procedimiento, la prima a quienes han sido objeto de alzamiento por impago de buena fe o lo relativo al consumo energético.

El parlamentario del PP Javier García ha considerado que la ley «no es justa, ni equitativa y deja fuera a muchos navarros», a lo que ha añadido que no están de acuerdo «prácticamente en nada». Ha avanzado que plantearán una ley que beneficie a todos los navarros. EFE

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