El Partido Popular y Ciudadanos han firmado un acuerdo de investidura que entre otras medidas incluye una rebaja del IRPF en dos puntos, hasta situarlo entre el 18 % y el 43,5 %, una vez España haya alcanzado el objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3 %.
Hasta ese momento, en ningún caso se subirá el IRPF según consta en el documento firmado por ambas formaciones, que consideran fundamental mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
En este bloque de medidas, proponen reforzar los mecanismos de prevención y corrección de desvíos de déficit, deuda y gasto contenidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y los mecanismos de financiación a las comunidades autónomas.
Reforma inmediata del Impuesto de Sociedades
De la misma manera, se comprometen a realizar una revisión integral e independiente del gasto público y reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto.
Una reforma que se aprobará en un plazo máximo de tres meses, según el documento firmado hoy en el que también se incluye dentro del ámbito de la reforma de la financiación autonómica, el compromiso de avanzar en la armonización de los tributos propios y cedidos a las comunidades para evitar discrepancias.
Lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales
En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, se hará una revisión para que aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 devuelvan el dinero y paguen el 10 % del capital aflorado que debían pagar en lugar del 3 % que acabaron pagando.
También se revisará la lista de paraísos fiscales volviendo a incluir aquellos Estados que no cooperan con la Hacienda española, se reforzará el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y se devolverá a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV.
Mayor control de las SICAV
Al respecto, se promoverá la apertura de las SICAV para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos.
En particular, se introducirán modificaciones en el régimen de las SICAV para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon, y para ello, sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55 %.
Por último, se aprobará un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para reforzar su independencia y profesionalidad, e incrementar sus recursos hasta equipararlos a los de los países del entorno y se creará una Oficina de Control Fiscal de Grandes Fortunas parar reforzar sus medios de lucha contra el fraude fiscal.
El Congreso elegirá a os responsables de los organismos reguladores
Otro apartado del acuerdo hace referencia a medidas para incrementar la competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y servicios.
En concreto se comprometen a garantizar la independencia de los organismos reguladores evitando la politización de sus órganos de gobierno. Las Autoridades Administrativas Independientes poseerán independencia orgánica y funcional, sus presidentes y consejeros serán elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados, entre personas de reconocido prestigio y con más de diez años de experiencia profesional, y sus directivos serán seleccionados a través de procedimientos transparentes y meritocráticos.
PP y Ciudadanos han firmado separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes: una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados(en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos; y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia y de protección y defensa de los consumidores y usuarios.
PP y Ciudadanos también ha acordado reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes administraciones.
Protección frente a abusos financieros
El acuerdo de investidura contempla crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros.
Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros, por ejemplo, de hipotecas, con el fin de evitar fraudes a los consumidores.
Para reforzar los derechos de los consumidores y usuarios se reformará la Ley Hipotecaria para establecer la prohibición de las «cláusulas suelo» que únicamente fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado.
Paralelamente, se revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, así como la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares, para evitar situaciones de fraude y estafa. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
