La Asociación de Consumidores de Navarra Irache denuncia la situación en la que están quedando algunas personas que han perdido miles de euros porque la promotora con la que habían firmado la compra de la vivienda se declara ahora en concurso de acreedores.
Cobros irregulares de la plusvalía
En algunas ocasiones, se trataba de pagos irregulares que en ningún momento tenía que haber satisfecho el consumidor, como el impuesto de la plusvalía en alguna promoción de viviendas, que ha podido suponer pagos de hasta 3.400 euros en algún caso. Cuando el consumidor ha reclamado la devolución del importe pagado a la promotora, se ha encontrado con que está en concurso de acreedores.
Pagos por una vivienda antes de su entrega
En otros casos se trata de cantidades abonadas a cuenta antes de la entrega de una vivienda. El consumidor posteriormente ha renunciado a la compra del inmueble de forma justificada y, cuando solicita a la promotora que le devuelva el dinero adelantado, que puede ascender a 40.000 euros, la empresa ya está en concurso de acreedores y el consumidor no recupera el dinero pagado.
En Irache se han recibido varios casos de este tipo por parte de vecinos de diversas localidades de Navarra como Huarte o Gorraiz, por ejemplo.
Los jueces dan la razón a los afectados
Además, algunos afectados han conseguido incluso que los tribunales les den la razón, ya sea en la renuncia motivada de la vivienda, ya sea en la irregularidad de hacer caer la plusvalía al comprador del piso. Sin embargo, las sentencias no se han podido ejecutar por la situación económica y jurídica de la empresa.
Los consumidores, los últimos que cobran
En los concursos de acreedores el consumidor suele salir perjudicado porque está entre los últimos afectados que podrán cobrar. Los bancos, los trabajadores o Hacienda tienen créditos privilegiados y recibirán su dinero antes que el consumidor. Por ello, en muchos casos las personas afectadas acaban por no cobrar o hacerlo sólo en una mínima parte. Además, cuando es así, el plazo de espera para cobrar suele ser largo, en algunos casos de varios años.
Acuerdos con los bancos que excluyen al ciudadano
Además, las promotoras, que suelen tener sus principales activos hipotecados por los bancos, frecuentemente llegan a acuerdos con las entidades mediante los que, con la entrega del patrimonio empresarial como suelo o viviendas, dan por saldada la deuda, sin que en ningún momento se tenga presente la deuda adquirida con ciudadanos particulares.
En ocasiones, sólo cambia el nombre de la empresa
Hay promotoras que van al concurso de acreedores, bien para reducir o aplazar sus deudas y poder continuar su actividad, o directamente para liquidar la empresa. En otros casos, incluso, los responsables de la empresa que ha solicitado el concurso de acreedores siguen dedicándose a la misma actividad, en una mercantil con otro nombre o razón social. Esto provoca, como es lógico, la indignación de los consumidores, que ven cómo las mismas personas que se han quedado con su dinero siguen trabajando en el mismo sector.
Soluciones caras y difíciles para el consumidor
Como puede verse, son situaciones en las que el ciudadano afectado se encuentra muy desprotegido. Una de las pocas opciones que tiene es conseguir que en la pieza de calificación del concurso los responsables sean declarados culpables porque actuaron con dolo o culpa grave.
Pero es un asunto difícil y caro, ya que el consumidor debería personarse en los concursos con abogado y procurador o puede que tenga que contratar un economista que analice la actuación de los administradores. Incluso si se declara a éstos culpables, puede quedarse sin cobrar si no tienen bienes a su nombre con los que responder. Otra posibilidad, también complicada, es plantear directamente una acción judicial de responsabilidad contra los administradores.
En cualquier caso, son vías que no resultan nada baratas y menos aún cuando la expectativa de cobrar puede ser muy lejana.
Irache reclama una mayor protección para el consumidor
Dada esta situación, Irache requiere la intervención de la Administración y de los legisladores para acabar con unas prácticas que dejan desprotegido al consumidor, que ha puesto su dinero y su confianza en una empresa que le deja en la cuneta y con la posibilidad de perder miles de euros, incluso aunque los tribunales le hayan dado la razón.
Entre otras cuestiones, sería deseable una modificación de la ley concursal, para que los consumidores subiesen de escalón a la hora de cobrar las deudas. Otra posibilidad sería que algunas empresas o sectores tuviesen que mantener fondos de garantía que cubriesen las deudas contraídas frente a consumidores en casos de quiebras o concursos de acreedores, una posibilidad que ya está contemplada en algún caso.
