La toma de posesión del presidente de gobierno catalán, de sus consejeros y de muchos diputados del Congreso de este país han hecho que muchos ciudadanos consideren que se encuentran ante uno de los mayores esperpentos y ridículos de la historia política española.
Cuando uno jura o promete un cargo institucional debe, inexorablemente, aceptar el ordenamiento constitucional y debe aceptar que la monarquía parlamentaria es el sistema de gobierno. Independientemente de como se diga, estas dos ideas, deben estar presentes y deben ser nombradas o citadas. Todo lo demás, debe considerarse intentos de evitar lo legalmente establecido.
El gobierno debería actuar y no dar ni un segundo de espera, ni de validez, a lo acontecido. Ningún informe, ni disposición de un juez, debería retardar la adopción inmediata de lo que establece nuestro ordenamiento constitucional. La simple, pero efectiva actuación real, llevada a cabo por Felipe VI, debería haber sido el punto de partida, para la adopción de las medidas correspondientes.
Si quienes no respetan el ordenamiento jurídico no tienen su oportuna y rotunda sanción, algo falla en las leyes y en los que las ejecutan.
