Argumenta que la citación de Mas como imputado obedece al «calendario»
Dice que «deslegitimar» al poder judicial por intereses políticos no es democrático
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha defendido este jueves que actuó con «criterios estrictamente jurídicos» e independencia al imputar al presidente catalán, Artur Mas, a la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau por la consulta del 9N y ha advertido de que no es democrático intentar «deslegitimar» al poder judicial por intereses políticos.
En un comunicado, la sala civil y penal del TSJC argumenta que la citación de Mas como imputado obedece al «calendario» del magistrado instructor y recuerda que, una vez admitida a trámite la querella de la Fiscalía por la consulta alternativa del 9N, la ley obliga a tomarle declaración.
La sala ha salido así al paso de las críticas a la decisión del juez Joan Manel Abril que, dos días después de las elecciones catalanas, ha citado como imputado al presidente en funciones de la Generalidad para el próximo 15 de octubre, día del fusilamiento del presidente de la Generalidad Lluís Companys, unas coincidencias que los separatistas interpretan como una provocación.
El comunicado se produce un día después del emitido por la Fiscalía Superior de Cataluña defendiendo la citación tras el proceso electoral. Este jueves, el TSJC afirma que «intentar deslegitimar por conveniencias políticas o partidistas al Poder Judicial y a los magistrados que lo integran, con el propósito de condicionar o censurar sus decisiones, no es propio de países que se consideran democráticamente avanzados».
De este modo, el tribunal declara que seguirá cumpliendo con sus funciones «en la forma sosegada e independiente en que lo viene haciendo», saliendo al paso así a los juicios de intenciones interesados que se están haciendo públicamente sobre sus actuaciones judiciales, según afirman.
Defiende la «autonomía» del instructor y el calendario
Aseguran también que las decisiones sobre la instrucción las toma «de forma autónoma el magistrado instructor», teniendo en cuenta el calendario previo de señalamientos de la Sala, los conflictos de fechas que afecten a las personas citadas y a sus abogados y las disponibilidades logísticas de su secretaría.
Según el comunicado, una vez admitida a trámite una querella, la declaración del querellado es obligada «sin que la situación procesal de los querellados en la causa varíe, asistiéndoles la presunción de inocencia».
Con todo, el TSJC reconoce la «trascendencia política» que puede tener esta causa dada la condición pública de los querellados, pero defiende las actuaciones judiciales.
Este miércoles, la Fiscalía Superior de Cataluña defendió también su imparcialidad en un comunicado en el que decía que hubiera sido «poco sensato» citar a Artur Mas en plena campaña electoral.
La Fiscalía consideró que la fecha escogida por el TSJC para la citación responde «adecuadamente tanto a la necesidad de recoger un mínimo de evidencias sobre los hechos objeto de investigación como al respeto al reciente proceso electoral».
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