La imputación del presidente de la Generaldad, Artur Mas, por la consulta del 9N dos días después de las elecciones catalanas ha provocado el rechazo unánime del Govern y de los partidos soberanistas. La vicepresidenta catalana en funciones, Neus Munté, cree que se debe a la «presión» y ha interpretado como «juicio político» y «anomalía democrática» la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero no cree que «vaya a afectar a los pasos que se van a dar en las próximas semanas para constituir gobierno en la Generalitat».
Munté ha calificado además de «cinismo absoluto» las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, acerca de que la citación Mas precisamente en este momento responde a que no ha querido interferirse en el proceso electoral, porque ha señalado que «la presión que se hizo sobre la Fiscalía no cesó en ningun momento, tampoco en la campaña electoral».
El TSJC ha imputado tras la investigación de varias querellas admitidas a finales de 2014 contra Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau; en una de ellas la Fiscalía Superior de Cataluña, por orden de la Fiscalía General del Estado, les acusaba de haber desobedecido «abiertamente» al Tribunal Constitucional (TC)
La vicepresidenta en funciones denuncia «instrumentalización política» en la querella que «presentó la Fiscalía General del Estado, contra el parecer de los fiscales catalanes», y también el sindicato Manos Limpias. Ha afirmado que «no se ha hecho nada ilegal» y manifestado el total apoyo y solidaridad del Govern con los tres imputados.
Munté ve una «auténtica anomalía democrática» que atribuye a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno central por querellarse contra quien puso las urnas para que la gente opinara sobre el futuro de Cataluña, ha defendido.
