La apertura de causa penal contra un senador de Bildu, por parte del tribunal Supremo, demuestra qué mal se hicieron las cosas cuando se consintió e incluso se alentó la legalización de los partidos del entorno de la organización terrorista ETA
La politización de la justicia, por la que los partidos políticos han podido nombrar a jueces afines para ocupar altos cargos en la justicia de este país, nos ha llevado a esta situación.
Que haya presuntos delincuentes aforados sin «miedo» a la justicia, precisamente por este aforamiento, demuestra como, muchas veces, la lógica está reñida con la política y con la justicia.
Cuando, gracias a su legalización, Bildu y sus afines desempeñan tareas de gobierno en muchos lugares de nuestra geografía recibiendo importantes subvenciones públicas a cuenta de sus cargos electos, y, encima, muchos de ellos no pueden, por ser “aforados”, ser juzgados por la justicia ordinaria, a la que el resto de los mortales están sometidos, no se puede sino mostrar un profundo malestar y un profundo enfado ante dicha situación.
Sería deseable en este país que, de una vez por todas, los ciudadanos sintieran que uno de los tres poderes del Estado, el judicial, sobre los que se asienta el ordenamiento constitucional, tuviera la independencia debida, y no dependiera de decisiones políticas, muchas veces injustas, ilógicas e interesadas.
