«Al margen de la ley no hay libertad ni democracia, solo espejismos y frustración»
El presidente del Tribunal Supremo defiende la «plena independencia» judicial
Dice que las «críticas interesadas» no lograrán «corroer» la confianza en los jueces
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha asegurado este martes que «la ley sólo desde la ley se cambia» y que «la ruptura unilateral de unos valores de convivencia, fraguados desde el consenso, supone traspasar los límites de la honestidad democrática, consustancial al Estado de Derecho».
«Al margen de la ley no hay libertad, no hay democracia, solo espejismos y, en definitiva, frustración», ha sentenciado el máximo responsable del Supremo.
Lesmes se refería así al desafío soberanista que se plantea en Cataluña a poco más de dos semanas de las elecciones autonómicas planteadas por Artur Mas como un plebiscito sobre la independencia, y lo ha hecho en el acto de apertura de los tribunales celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal y la cúpula de la carrera judicial y fiscal.
Como ya hizo el año pasado, Lesmes ha introducido el pulso soberanista que se vive en Cataluña en su discurso, aunque sin ninguna mención expresa.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces insistió en que los magistrados están obligados a garantizar que la ley sea respetada como «condición existencial de la propia democracia».
Nadie puede anteponer su «designio particular» a la ley
A su juicio, ningún poder público puede anteponer en la resolución de los conflictos su «designio particular, por muy justo que pueda parecer», sobre aquellas soluciones que son expresión de la voluntad de la mayoría plasmada en la ley. «La ley solo desde la ley se cambia», ha remachado.
Lesmes ha aprovechado para defender la «plena independencia» de los jueces, advirtiendo de que las «críticas interesadas no van a conseguir debilitarla ni corroer la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales».
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