El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado abrir juicio oral al PP como responsable civil subsidiario en relación con la caja B del partido por delitos fiscales cometidos en el pago de las obras de reforma de su sede en la calle Génova, por lo que le pide depositar en diez días una fianza de 1,2 millones.
El juez de la Audiencia Nacional que ha sustituido a Pablo Ruz adopta esta decisión en el auto de apertura de juicio oral al considerar al partido responsable de los delitos por los que también acuerda sentar en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente del partido Cristóbal Paéz y a los empleados de Unifica, el estudio de arquitectura que reformó la sede central del PP en Madrid, Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.
A los tres exdirigentes ‘populares’ Bárcenas, Lapuerta y Páez se les atribuyen nueve delitos, de pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública. Estos dos últimos delitos son los que se imputan a los tres trabajadores de Unifica.
El juez argumenta que el PP debe responder como persona jurídica como consecuencia de la «relación de dependencia» que Bárcenas, Lapuerta y Páez tenían con la organización.
Fianza de 1,2 millones de euros para el PP
En el auto de apertura de juicio oral del procedimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 establece que el PP tendrá que afrontar una fianza de 1,2 millones de euros, que se desglosa en algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, encargada de renovar la sede central de los ‘populares’ en la calle Génova de Madrid, y 220.000 euros por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.
Sobre el dinero que Unifica cobró en negro por las obras de la sede del PP, el juez sigue el criterio de la Abogacía del Estado y señala que «la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública es también predicable de quien no tiene responsabilidad en el pago del tributo».
