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Una juez afirma que la Junta adjudicó la mina de Aznalcóllar «sin el mínimo rigor»

Una juez afirma que la Junta adjudicó la mina de Aznalcóllar «sin el mínimo rigor»

La presidenta andaluza, Susana Díaz

Una juez de Sevilla afirma que el Gobierno de Susana Díaz, ‘sin observar el más mínimo rigor’, dio la explotación de la mina a una empresa vinculada al PSOE en consorcio con un grupo mexicano

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado «graves irregularidades» en la adjudicación que hizo la Junta de Andalucía de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México y ha pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto, «como responsable de las decisiones adoptadas» en el proceso de adjudicación.

En un auto fechado el pasado día 7 de mayo, la juez Patricia Fernández Franco pone de manifiesto que, de la información recabada hasta la fecha y del atestado elaborado por la UDEF, «se evidencian, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante», como es la empresa Emérita Resources España SLU -finalista en el concurso minero-.

Con los datos técnicos aportados, la jueza entiende que hay que investigar si no han podido existir irregularidades en esta adjudicación a la vista de las condiciones de quienes se presentaron al concurso y teniendo en cuenta las limitaciones, deficiencias y falta de rigor de Minorbes en relación al certificado de grupo extranjero, su seguro de responsabilidad civil, y la documentación aportada de las empresas que integran el grupo.

La Directora General de Minas, como máxima responsable de la Mesa que decidió a quién adjudicar el contrato, tendría que explicar la valoración que condujo a aceptar a Minorbes como empresa que cumplía las condiciones para competir en el concurso y para, finalmente, ser la adjudicada para llevarlo a cabo, cuando, además la oferta económica que aportaba a la Junta es notablemente inferior a la de la otra empresa solicitante.

Cohecho y tráfico de influencias

La juez solicita al Grupo X de Medios de Pago de la UDEF que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas «como responsable de las decisiones adoptadas en el proceso de adjudicación objeto de denuncia, desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas».

También pide que se identifique para recibirles declaración testifical a las personas que asistieron a la reunión celebrada el 11 de abril de 2014 en la sede de las oficinas de la denunciante y en la que se recibió la visita del presidente de Magtel, Mario López Magdaleno. Según denunció Emerita, López Magdaleno les propuso asociarse porque el concurso estaba adjudicado de antemano y no tenían posibilidades.

En el auto, la juez recuerda que esta causa se abrió el 2 de marzo de 2015 por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, todo ello después de que Emerita denunciara diversas irregularidades durante la tramitación del expediente y la adjudicación de la explotación a Minorbis, alegando que ésta «es en realidad una filial de la entidad Magtel y carece de los presupuestos mínimos necesarios para haber obtenido dicha adjudicación».

La Junta defiende la «legalidad y transparencia» de la adjudicación

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha defendido la «legalidad y transparencia» del concurso internacional minero convocado para la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

La Consejería ha dejado claro que el procedimiento de licitación seguido para la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar «se ha adecuado a la legislación estatal y autonómica, ha sido plenamente transparente para todas las empresas interesadas y se ha basado en criterios objetivos predeterminados de antemano, en igualdad de condiciones para todos».

La Junta ha recordado que la empresa adjudicataria «ha sido seleccionada por funcionarios cualificados, incluidos representantes del gabinete jurídico, la Intervención General, los departamentos de Economía, Medio Ambiente y Hacienda y de la propia Dirección General de Industria, Energía y Minas».

La polémica en torno a la adjudicación de la reapertura de la mina andaluza también ha salpicado a las negociaciones sobre la investidura en el Parlamento andaluz.

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que ha dado instrucciones al portavoz parlamentario, Carlos Rojas, para que suspenda las negociaciones con el PSOE para la investidura hasta que Susana Díaz de explicaciones sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

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