El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que los indicadores de los últimos trimestres demuestran que ya hemos pasado lo peor de la crisis y dotan de fiabilidad a las previsiones anunciadas por el presidente del Gobierno de crear un millón de empleos entre 2014 y 2015 y al compromiso de alcanzar los 20 millones de afiliados en 2019.
Asimismo ha recordado que invertir la situación en que se encontraba España hace tres años no ha supuesto renunciar a los principios de solidaridad y cohesión social. Así se ha expresado el titular de Justicia durante su intervención en el desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia, en la que ha recordado que por primera vez en muchos años, España ha cumplido el objetivo de déficit marcado por la UE para 2014.
Estos indicadores positivos, ha señalado Catalá, deben impulsarnos a seguir generando las condiciones más favorables para crear empleo y favorecer la inversión. Como ejemplo ha destacado las iniciativas de su departamento destinadas a potenciar la seguridad jurídica, esencial para infundir confianza en inversores y emprendedores en este nuevo escenario español de recuperación económica.
El ministro de Justicia ha asegurado que la Ley Orgánica del Poder Judicial agilizará los tiempos de respuesta de los tribunales mediante un reparto más homogéneo de las cargas de trabajo, permitiendo mayor especialización en asuntos específicos.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil acelerará el uso de las nuevas tecnologías, agilizando y simplificando las notificaciones judiciales, mientras que la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria apostará por potenciar la mediación y el arbitraje, contribuyendo a descargar de trabajo a los órganos jurisdiccionales.
En el ámbito penal, Catalá ha destacado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el cambio de las reglas de conexidad de los delitos investigados y el establecimiento de un plazo de instrucción de seis meses, salvo para causas complejas donde será de dieciocho, para acabar con la falsa sensación de impunidad que transmiten las fases de instrucción muy prolongadas.
