Se investiga el presunto fraude en cursos de formación subvencionados
La juez Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía habría creado «una red de clientelismo político» a través de la formación, según expone en los distintos autos de imputación de varios ex delegados provinciales de Empleo detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la Operación Barrado por el presunto fraude en cursos de formación financiados por el gobierno regional.
La juez Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía habría creado «una red de clientelismo político» a través de la formación, según expone en los distintos autos de imputación de los distintos ex delegados provinciales de Empleo detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación «Barrado» por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.
Fuentes del caso han informado de que, en sus autos, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales de Empleo «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación, «creando de esta forma una red de clientelismo político».
950 millones pendientes de justificar
Alaya ha cifrado en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados desde 2009 con fondos públicos, y atribuye esa actitud a la «desidia» o el «dolo» de responsables de la Junta de Andalucía.
En un auto de imputación de una de los 12 políticos que han quedado en libertad con cargos al que ha tenido acceso Efe, la instructora lamenta los «efectos graves para el Erario Público» que ha supuesto la acumulación de dinero pendiente de justificar.
La juez relaciona parte de ese dinero con las resoluciones de exoneración, un uso que considera «fraudulento» de los fondos porque permitían nuevos pagos a pesar de que no se hubiesen justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas antes.
Estas resoluciones las aplicó la Consejería de Empleo de la Junta desde 2009, «año tras año», contraviniendo la Ley de Hacienda andaluza y convirtiendo en algo habitual «lo que debe ser excepcional», precisa Alaya.
Las exoneraciones favorecieron a beneficiarios repartidos por toda Andalucía, según la instructora, que critica el hecho de que no se reclamaran su reintegro hasta pasar las competencias de la consejería de Empleo a la de Educación y afirma que esas reclamaciones caducan a los cuatro años.
Consecuencias presupuestarias en todas las provincias
Asimsimo, la acumulación del dinero tuvo consecuencias presupuestarias porque obligaba a provisionar las cantidades pendientes de pago en el presupuesto del próximo año, destaca la juez, que acusa a uno de los dirigentes políticos detenidos de participar en las acciones que impidieron el adecuado seguimiento de los cursos y su justificación.
También le imputa contribuir decisivamente en mantener un sistema de gestión de subvenciones para la formación que implicaba, indiciariamente, un reparto arbitrario de los fondos públicos.
Según el citado auto, ello se hacía mediante «una acción concertada y coordinada tanto a nivel central como provincial» y permitiría, «a sabiendas de su injusticia y el daño al erario público», provocar «múltiples incumplimientos» de las normas para los cursos, en su concesión, en el pago y, «especialmente», en la justificación del destino de los fondos subvencionados, según la instructora.
La juez, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, afirma que los incumplimientos afectaban a todas las provincias, con más alumnos de los permitidos, sin prácticas de alumnos o con facturas que eran fotocopias.
Libertad con cargos para varios detenidos
Hay que recordar que la instructora dejó en libertad con cargos la pasada madrugada a las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara -para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros- y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.
Florido, para quien el Ministerio Público no pidió ningún tipo de medida cautelar, es cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, también imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Hasta 13 de los detenidos son altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los hasta ayer delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes fueron inmediatamente apartados de sus funciones tras conocerse sus detenciones.
