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Investigación penal sobre el destino de 849 millones para formación en Andalucía

Investigación penal sobre el destino de 849 millones para formación en Andalucía
El conserjo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
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La patronal de las empresas privadas de formación de Andalucía presentó en enero un escrito a la Fiscalía en el que aportaban datos sobre transferencias recibidas por la Junta

La patronal de las empresas privadas afirma que “no hay rastro” de esos 849 millones de euros.

La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía ha abierto una investigación penal sobre el destino de casi 849 millones de euros de los cursos de formación
La denuncia fue presentada por la Federación Andaluza de Empresas de Formación acerca del uso de fondos públicos en Andalucía que debían ir destinados a la formación para el empleo y que estaban cifrados en 849 millones de euros.

Esta patronal presentó el pasado mes de enero un escrito en la Fiscalía en el que aportaban todos los datos al respecto de las transferencias recibidas por la Junta, así como de partidas presupuestarias aprobadas para satisfacer buena parte de las políticas activas de empleo, entre 2012 y 2014.

Cecap ha expuesto que no hay ni rastro de ese dinero que el consejero de Educación, Luciano Alonso, debía haber invertido en Andalucía. La patronal ha declarado que, durante esos años, no se han llevado a cabo por parte de la Junta ni una convocatoria pública para la ejecución de acciones formativas de trabajadores ocupados o desempleados que puedan servir de base para el gasto o justificación de las cantidades transferidas a esta comunidad.

Cecap-A ha lamentado que, “tras años solicitando información sobre el destino de estos fondos, no ha obtenido respuesta alguna por parte de la Administración presidida por José Antonio Griñán, ni después por Susana Díaz”, por ello la directiva de la federación ha decidido ponerlo en conocimiento del Alto Tribunal de Andalucía, para que “se investigue dónde está el dinero, qué uso se ha hecho de él, y en su caso, para que se depuren responsabilidades si se demuestra un mal uso de los fondos destinados a los desempleados”.

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