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La Defensora del Pueblo apoya bajar el IVA para combatir la pobreza energética y revisar el bono social

La Defensora del Pueblo apoya bajar el IVA para combatir la pobreza energética y revisar el bono social

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La Defensora del Pueblo presenta en el Congreso el Informe Anual 2014. Cifra en 23.169 las quejas recibidas

La Defensora del Pueblo  ha pedido un IVA reducido para el gas natural y la electricidad ante el elevado número de personas a las que afecta la pobreza energética en España y por el incremento del precio de la electricidad en comparación con otros países de la UE.

En su informe anual correspondiente a 2014 y difundido este jueves, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, apunta a un incremento del número de quejas relativas al IVA, puesto que los ciudadanos no alcanzan a comprender que determinados servicios no tributen a un tipo reducido.

La organización que dirige Becerril aboga por ampliar el bono social a más colectivos desfavorecidos y ha pedido más garantías en el procedimiento de cortes de suministro eléctrico y los sistemas de facturación.

En el mismo sentido, abogan por la rebaja del tipo impositivo del 21 % al 8 % aplicable a los productos y servicios que ofrecen las empresas del sector cultural ya que ha provocado rechazo en los ciudadanos y un impacto negativo en el sector.

Recibe 23.186 quejas, un 2,2% más que en 2013

Los asuntos sociales -en especial lo referente a la dependencia-, los impuestos y los retrasos en la administración de justicia son los principales motivos de queja a esta institución.

La Defensora del Pueblo recibió el pasado año 23.186 quejas, un 2,2% más que en 2013. El documento recoge que se formularon 467 recomendaciones de las que las administraciones aceptaron el 72%.

Además, aumentó las actuaciones de oficio un 41% -hasta alcanzar 489 expedientes- durante 2014, ante problemas sobre pobreza energética, acogida de inmigrantes, de inclusión educativa de alumnos con discapacidad o de niños con problemas de alimentación.

El 65,47% de las quejas aluden a situaciones de necesidad

El 65,47% de las 23.186 quejas tramitadas se refieren a la política social y aluden a situaciones de necesidad y lucha contra la exclusión, de forma específica a las rentas mínimas.

La dependencia supone el 12% de las quejas; menores y familia el 9% y personas mayores el 5,71% de las quejas de política social.

La Defensora inicia actuaciones de manera más habitual con las consejerías autonómicas con competencias en servicios sociales, especialmente las de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia y Región de Murcia.

También realiza, aunque en menor número, actuaciones con organismos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Servicios Sociales e Igualdad y con algunos municipios.

Atención a la pobreza infantil y a los enfermos de hepatitis C

En el ámbito de la salud pública, la Defensora del Pueblo ha emprendido una iniciativa para conocer cuándo y cómo se prevé la incorporación de nuevos medicamentos innovadores para el tratamiento de enfermedades oncológicas y ha deseado que los enfermos de Hepatitis C “reciban pronto los nuevos tratamientos“.

Como continuación de las actuaciones realizadas por esta institución con relación a la pobreza y la nutrición infantil, ha formulado una recomendación a todas las comunidades para proporcionar o reforzar la alimentación de los niños en situación de mayor vulnerabilidad durante las vacaciones escolares, que han adoptado diversas maneras de atender a los menores.

Apoya la futura Ley de Segunda Oportunidad

Por otro lado, la Defensora del Pueblo apoya la futura Ley de Segunda Oportunidad que permitirá reestructurar la deuda de las familias y las pymes y recomienda este procedimiento de insolvencia dirigido a particulares y consumidores con “buena fe y sobreendeudados”.

“Lograr la flexibilización de las condiciones de los aplazamientos y fraccionamientos de pago de la deuda tributaria, disminuyendo el importe de las cuotas y aumentando el plazo, ha sido uno de los objetivos de esta institución en los últimos años”, asegura el informe anual.

Además, considera que debe conciliar los intereses de acreedores y deudores, facilitar el pago ordenado de las deudas y sanear la economía doméstica y eliminar las plusvalías municipales en los casos en los que se han tenido que entregar las viviendas.

Dentro de un capítulo dedicado a la reforma fiscal este organismo añade que en 2014 se produjo un aumento de quejas de carácter tributario, sobre todo por el IRPF, cuya regulación “sigue siendo compleja”.

Becerril plantea dedicar al alquiler social pisos del banco malo

En el informe, la Defensora del Pueblo explica que planteó dedicar también al alquiler social pisos de la Sareb, el banco malo, a la vista del “escaso éxito inicial” del fondo creado por el Gobierno en 2013 con inmuebles aportados por la banca pero, añade, tanto el Ministerio de Economía y Competitividad como el Ministerio de Fomento, se opusieron a la propuesta con el argumento de que la Sareb no está configurada como un instrumento de la política social de vivienda.

La Defensora del Pueblo incide en que se trata “de un bien de primera necesidad cuyo precio resulta inalcanzable para la inmensa mayoría, salvo financiación externa, y ni siquiera ésta resulta fácilmente accesible en los últimos años”.

Recomienda mejoras en la atención a los discapacitados

La oficina de institución ha recibido “numerosas” reclamaciones relacionadas con la concesión y la renovación del certificado de discapacidad, según evidencia el informe anual, que recomienda por este motivo que se incrementen los recursos para solventar esta situación.

Insta al Gobierno a aprobar la norma reguladora de la relación laboral de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo (CEE), en aspectos como la subrogación empresarial, que acumula tres años de retraso.

El informe insiste además en la necesidad de restablecer la deducción por inversión en vivienda habitual cuando se realizan obras para adecuar la vivienda por razones de discapacidad, con el fin de proteger a este colectivo.

Destaca el “claro malestar” por las tasas judiciales

En el informe se destaca el “claro malestar” que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos y en los operadores jurídicos que intervienen en los procesos, al tiempo que señala que esta medida ha tenido “una repercusión moderada en el descenso de la litigiosidad” de los tribunales.

El informe pone de manifiesto que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para evitar la tardanza en la tramitación de los procedimientos judiciales “no han sido suficientes” y que esta situación “repercute de forma negativa en la imagen del sistema judicial y socava uno de los pilares del Estado de Derecho”. “Una justicia tardía supone, en la práctica, una mala justicia”, recuerda.

Al igual que en años anteriores, esta institución deja constancia de la “insuficiencia de medios” con que cuentan algunos juzgados y señala que su estado es “consecuencia directa, en la mayoría de los casos, de la austeridad económica que continúa afectando a todos los sectores del país”.

Ve “elevada” la cuantía de las multas de tráfico

La Oficina del Defensor del Pueblo considera “elevada” la cantidad que los conductores deben pagar por las sanciones relacionadas con el tráfico y la seguridad vial, y afirma que en 2014 recibió “numerosas quejas” de ciudadanos que recibieron notificaciones para pagar multas.

Destaca que el número de víctimas mortales ha disminuido en un 65% entre 2005 y 2014, lo que demuestra que “las políticas en materia de tráfico y seguridad vial están siendo eficaces” y que el año pasado se incrementaron las infracciones por consumo de drogas, ya que se realizaron unas 24.000 pruebas y un 25% de ellas resultaron positivas.

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