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Rato advierte al juez que la fianza que le impuso puede provocar males mayores

Rato advierte al juez que la fianza que le impuso puede provocar males mayores

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, durante su comparecencia en la Comisión de Economía para explicar la crisis bancaria.- (EFE)

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha criticado las «lagunas» en las que se basó el juez Fernando Andreu para imponerle una fianza civil solidaria de 800 millones de euros, al tiempo que le ha advertido de que su «lesiva» decisión puede provocar un «mal» muy superior al que ha pretendido evitar.

Una decisión que el juez tomó el pasado 13 de febrero de forma «prematura», en un auto plagado de «espacios y lagunas» y «siendo perfectamente consciente de que aún queda mucho camino por recorrer» en el ‘caso Bankia’, afirma Rato en el recurso de 75 folios que ha interpuesto contra el mismo.

El exvicepresidente del Gobierno, que no alcanza a entender por qué fijó esta cuantía solo para él y los exconsejeros Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas, además de Bankia y su matriz, BFA, le recrimina que haya hecho «una mera estimación, provisional y no soportada en bases sólidas» para ordenar tan «lesiva» medida.

Y que lo haga reconociendo que el supuesto perjuicio causado a los accionistas que compraron títulos de Bankia en la OPS «es de muy difícil cuantificación», pese a lo cual multiplicó por 25 la cifra que reclamaron los perjudicados personados en la causa, que ascendía a apenas 33 millones.

«La indeterminación del supuesto perjuicio económico que puede ser objeto de reclamación, reconocida abiertamente por el Juzgado Instructor, impide completamente el establecimiento de un afianzamiento cautelar», subraya. Para Rato, la solvencia de BFA y Bankia supone que no exista riesgo alguno de que, de declararse responsabilidades civiles, no pueda.

«Es sencillamente inconcebible», dice, que «BFA y Bankia vayan a malbaratar sus bienes o devengan patrimonialmente insolventes» como para no asumir no solo esos 800 millones, sino también los 4.112 que reclamó la acusación popular ejercida por UPyD y a la que se adhirieron varios accionistas.

No solo eso, sino que la medida, «lejos de ser necesaria, podría ocasionar perjuicios superiores a los que se pretende evitar» pues puede «lanzar un mensaje de duda a los mercados» que provoque un descenso en su cotización.

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