La liberación de varios presos de ETA tras contabilizar en su tiempo de condena las encarcelaciones en el extranjero suscitó este viernes la indignación de las víctimas, que se sienten «humilladas», y también el desacuerdo del Gobierno con esta decisión judicial.
«La finalidad última no parece ser otra que impedir que los presos terroristas cumplan íntegramente las penas impuestas por los tribunales españoles, objetivo que supone una inmensa humillación para todas y cada una de las víctimas», declararon una decena de asociaciones en un comunicado. «No podemos más que expresar nuestra repulsa por la falta de sensibilidad hacia nuestro sufrimiento» añaden, reclamando al Tribunal Supremo aceptar el recurso de la Fiscalía contra la decisión tomada por la Audiencia Nacional.
Aunque hace ya tres años que la banda abandonó la lucha armada, la política presidiaria hacia los etarras encarcelados es una materia muy sensible en España, especialmente entre las asociaciones de víctimas, con una gran influencia sobre el Partido Popular.
«Estamos completamente de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de recurrir al Tribunal Supremo. Se lo queremos decir a las víctimas», respondió en una rueda de prensa la portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, después del consejo de ministros.
A pesar de las continuas llamadas de algunos partidos vascos a una mayor flexibilización para acelerar el proceso de paz, el Ejecutivo de Rajoy no ha hecho concesiones a los presos de la banda armada, considerada responsable de la muerte de 829 personas.
Tras cuatro décadas de lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra, el 20 de octubre de 2011 anunció el fin de la violencia, aunque hasta el momento ha rechazado disolverse, como reclama el Gobierno.
Sin embargo, numerosos presos han conseguido a través de los tribunales salir de la cárcel antes de lo esperado. Este fue el caso de los últimos liberados que solicitaron a la Audiencia Nacional que contabilizara en su condena los años encarcelados en el extranjero, especialmente en Francia, refugio habitual de etarras. Su petición se fundamenta en una decisión de la Unión Europea de 2008 que contemplaba, bajo ciertas condiciones, que los tribunales integraran en el recuento de años las penas cumplidas en otros países. Una sentencia del Tribunal Supremo en marzo se mostró partidaria de aplicar esta normativa.
Con este nuevo cálculo, algunos presos de ETA ya habrían rebasado el máximo de 30 años de cárcel previsto en el Código Penal, por lo que la Audiencia Nacional ordenó la liberación de cinco de ellos.
El jueves, salieron dos miembros históricos: Alberto Plazaola y ‘Santi Potros’, exjefe militar de ETA, responsable del atentado más mortífero de su historia, contra un supermercado Hipercor en Barcelona, que provocó 21 muertos el 19 de junio en 1987.
Previamente, también había salido de prisión Carmen Guisasola, exjefa de un comando, tras 24 años encarcelada en España por varios asesinatos. Guisasola había dado la espalda a ETA y rechazó la violencia.
Pero esta posición no es unánime: otra sala de la Audiencia Nacional rechazó esta semana ordenar un nuevo cálculo, por lo que el 16 de diciembre está prevista una reunión para conciliar posturas.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también se opuso a la excarcelación, que calificó de «profundamente desacertada».
Mientras, el Partido Popular aprobó una ley, entrada en vigor el miércoles, para bloquear nuevas peticiones, aunque no se sabe si tendrá efecto sobre peticiones ya formuladas. «La posición del Gobierno está en la ley que salió de las Cortes, que sencillamente esto no se puede hacer como lo ha hecho» la Audiencia Nacional, dijo Sáenz de Santamaría.
Justo un año atrás, otra oleada de liberaciones de miembros de ETA sembró la indignación entre las víctimas, que convocaron manifestaciones con decenas de miles de protestantes. En esa ocasión, una cincuentena de militantes de la banda salieron de las cárceles después de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulando la llamada ‘Doctrina Parot’, que desde 2006 permitía prolongar la estancia en prisión de los presos con varias condenas.
