Navarra ha anticipado 3,7 millones de euros a las personas que perciben la renta de inclusión social y que han dejado de recibir el subsidio del Estado de 426 euros por una «mala praxis», por una «interpretación de la norma», cuestión que el departamento de Políticas Sociales trata de solventar.
Así lo manifestó el consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, quien dijo que Navarra ya trasladó su queja al Estado por esta cuestión, con llamadas a la ministra Fátima Báñez y una reunión con la secretaria de Estado de Empleo y la directora general del SEPE, y espera que antes de fin de año se alcance una solución. Si no es posible alcanzar ese acuerdo antes de final de año, avanzó que solicitarán la convocatoria de la Junta de Cooperación.
El consejero, quien subrayó que no ha habido ningún cambio normativo sino una diferente interpretación de la norma, explicó que, una vez agotada la prestación por desempleo, los ciudadanos tienen derecho a unas prestaciones asistenciales, que están reguladas por la Ley de la Seguridad Social y que ascienden a 426 euros mensuales.
Como en Navarra el nivel de vida es superior al de otras comunidades autónomas, desde el Parlamento foral se acordó complementar esa prestación con la renta de inclusión social, con una cuantía que varía en función del numero de miembros de la unidad familiar. «Esta complementariedad ha venido desarrollándose con total normalidad hasta febrero», según el consejero, quien comentó que en esas fechas tuvieron conocimiento de que algunos ciudadanos habían recibido una resolución en la que se les indicaba que se les retiraba la ayuda estatal porque la suma de sus ingresos superaba el 75 % del salario mínimo interprofesional.
Esto llevó al departamento a, por un lado, presentar una «queja formal» en la delegación territorial y, por otro, a tratar de ayudar a esas familias dándoles «a través de la renta de inclusión social esa prestación económica». De esta forma, pese a la «mala praxis estatal», han garantizado los recursos para la subsistencia de algunas de esas familias.
En este sentido dijo que como primera solución se acordó cambiar la titularidad de la prestación de la renta de inclusión social al cónyuge, de forma que si uno de los miembros de la pareja es el titular del subsidio de desempleo el otro es el receptor de la renta de inclusión complementaria.
Esta solución, sin embargo, no se puede aplicar en el caso de familias monoparentales por lo que hay que buscar otra alternativa, según indicó Alli, quien ha apuntado que esa es la queja que han registrado.
Aunque no saben cuantas personas pueden encontrarse en esta situación, hasta el momento esto ha supuesto un coste adicional para el departamento de 3,7 millones de euros, según el consejero, quien ha remarcado la necesidad de saber qué va a pasar con esa cantidad que se ha adelantado y qué va a ocurrir en el futuro.
Alli se mostró dispuesto a comparecer en el Parlamento para explicar a los grupos lo sucedido, algo que no ha hecho hasta ahora porque «lo prioritario era encontrar una solución».
Preocupación entre los partidos navarros
Los partidos navarros han acogido con preocupación la noticia de que el Estado dejó de pagar el subsidio de 426 euros a los desempleados de la Comunidad foral que perciben la renta de inclusión social, una cuestión que han considerado «grave» y que esperan que se solucione.
La noticia sorprendió a los portavoces parlamentarios, la mayoría de los cuales a primera hora de la mañana desconocían que desde febrero el Estado no paga ese complemento, lo que ha supuesto un coste de 3,7 millones de euros al departamento de Políticas Sociales, según ha confirmado el consejero Iñigo Alli.
El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, comentó que si eso es así, habrá que pedir al Gobierno de España que «pague lo que corresponde». Tras recordar que ha habido ya casos en los que el Gobierno de Navarra se había hecho cargo de cuestiones que correspondían al Gobierno de España, ha remarcado que «lo que hay que hacer es que el Gobierno de España cumpla sus compromisos en cuanto a pagos de cualquier materia, tanto en este como en otros temas».
Como «muy grave» ha calificado esta situación el portavoz del PSN, Juan José Lizarbe, quien ha incidido en el hecho de que las personas afectadas son quienes «no tienen nada más, es una situación de estado de necesidad, y en este estado social democrático y de bienestar social supuestamente avanzado no se puede dejar a nadie en una situación de absoluto desamparo». «El PP tiene que ponerse las pilas y desde Navarra debemos hacer lo que podamos para solventar esta situación», añadió Lizarbe, quien además exigió al PP que «lo repongan», porque si no desde Navarra habrá que «articular las medidas oportunas». Además del «agravio» que supone por el hecho de que afecta a personas que no tienen nada, dijo que también hay un «agravio» a Navarra en cuanto «ninguneo permanente que el PP está sometiendo al régimen foral democrático de esta comunidad».
La portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, ligó esta información con los datos del informe de Cáritas que se conocieron según el cual el 9% de la población no cobra ningún tipo de renta. Todo ello, en su opinión, refleja que «las políticas que se hacen por parte del Gobierno estatal y de Navarra dejan en una situación de vulnerabilidad absoluta a las personas que peor lo están pasando».
Por su parte, el portavoz de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, opinó que es «una verdadera barbaridad lo que está haciendo el Estado». «El PP se está demostrando cómo un partido de gobierno no sólo injusto, sino también incapaz que debería ser objeto de denuncia en todas las instancias internacionales», añadió. Respecto a Navarra, señaló que se constata la necesidad de que «una competencia prevista en el Amejoramiento, al igual que en el Estatuto de Gernika, de la gestión económica de la Seguridad Social hubiera sido ya transferida».
La portavoz del PPN, Ana Beltrán, dijo no tener conocimiento de esta situación, que, según comentó, analizarán, tras lo que añadió que «defenderán lo que tengan que defender para el bien de Navarra y de los navarros».
Por su parte, el portavoz de I-E, Txema Mauleón, denunció la reducción que están sufriendo todas las prestaciones por desempleo del Estado, que han supuesto una «rebaja del 65%» del gasto esta materia, con efectos «brutales» como los que refleja Cáritas.
Mauleón exigió que este problema se solucione cuanto antes e instó al Gobierno de Navarra a trasladar esa exigencia al Estado.
El parlamentario no adscrito de Geroa Bai Manu Ayerdi mostró «sorpresa», «preocupación» e «inquietud» por esta información, que desconocía, por lo que quiso ser prudente y esperar a verificar qué es lo que ha sucedido.
