El Ejecutivo catalán hace oídos sordos. El Gobierno de Cataluña llevará al Gobierno central a los tribunales al considerar que con la suspensión de la consulta alternativa se violan derechos fundamentales como la libertad de expresión y de participación y convocará al Pacte Nacional pel Dret a Decidir para «hacer piña».
Tras recibir la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso del Gobierno a la consulta alternativa del 9-N, la Generalidad ha decidido acoger la resolución con actitud pasiva. «Mantenemos el proceso participativo» previsto, puesto que «todo está a punto para el 9-N», ha sentenciado el portavoz del Govern, Francesc Homs. Sin embargo, el ejecutivo de Mas también pasa a la acción al anunciar una demanda contra el central ante el Tribunal Supremo y al convocar una reunión del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, algo que ya apuntó el presidente Mas en su última comparecencia pública, con el objetivo de hacer piña ante la suspensión y para blindar el derecho de los catalanes a la libertad de expresión.
En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, una comparecencia que se ha retrasado unos minutos por el inmediato precedente de la noticia de la suspensión por parte del TC, Homs ha constatado la voluntad del Ejecutivo catalán de mantener el proceso participativo tal y como está previsto porque «todo está a punto para el 9-N» y es la manera de garantizar la «libertad de expresión». Aunque el mensaje ha sido críptico, al final, el dirigente ha venido a confirmar que el Govern no detendrá nada, ni siquiera la campaña institucional, ni probablemente la web participa2014.cat, «con todas las consecuencias».
Desde la Generalitat consideran que cumplen con la decisión del TC puesto que están convencidos de que «no hacemos desde el 14 de octubre pasado lo que el Gobierno cree que estamos haciendo», es decir, que desde Cataluña no se está realizando un referéndum sobre la autodeterminación sino un proceso participativo en el que se pregunta sobre la cuestión. La cuestión por tanto, no radica en si se trata de un referéndum o no y por tanto si es o no vinculante de una u otra manera, sino que desde el Govern no entienden que se pueda suspender una manifestación ciudadana que, aunque incorpora el ritual refrendario, carece de toda validez, implicación, carga jurídica y ni siquiera se da importancia al resultado. Así, Homs ha insistido en el argumento de que «no se puede prohibir lo que no se hace».
Ante la suspensión decretada este martes, el conseller también ha querido aclarar que el Tribunal Constitucional se limita a transmitir en su resolución cautelar «lo que el Gobierno presupone que estamos haciendo, que es cambiarle el nombre a una misma cosa, algo que no es verdad». Pero «si no hacemos lo que creen que estamos haciendo, ¿qué es lo que debemos de dejar de hacer?». Con la preguntado retórica, el Govern pretende evidenciar que la suspensión flota sobre una falacia y por tanto el Gobierno catalán está legitimado para eludir la carga.
Si bien Homs no ha querido contestar claramente si el Ejecutivo catalán tiene intención de acatar la nueva resolución del TC o evitar el bulto al depositar en la sociedad civil catalana la responsabilidad de la celebración de la consulta, el dirigente ha querido ser drástico: «Vuelvo a repetir lo que he dicho antes: todo está a punto y el Govern mantiene el proceso participativo; más claro, el agua», ha zanjado. Ha querido evitar interpretaciones sobre este punto y ha evitado confirmar si la estrategia del Govern se basa en evitar sentirse aludido por el TC puesto que una vez que el operativo está organizado, la responsabilidad recae en la sociedad civil catalana, basada en los voluntarios, que será quien sustentará el proceso participativo.
«El Govern de Catalunya nunca hará nada que vaya en contra de la libertad de expresión de los ciudadanos de Catalunya», ha advertido. Y lejos de ofrecer garantías de que finalmente habrá urnas, decidió discurrir por la tangente y comparar esas garantías con las que se pueden dar a alguien para asegurar si seguirá vivo o no este domingo.
Los periodistas han intentado por varias vías arrancar del conseller si incurrirá en desobediencia o no con respecto a la suspensión, así que a la pregunta de si el Govern mantendrá la campaña, el dirigente ha insistido en la misma frase: «El Govern mantiene el proceso participativo con todas las consecuencias», ha insistido, «y si uno mantiene una cosa, es implícito» que no habrá cambios con respecto a la actualidad, ha confirmado.
El dirigente ha informado de que las alegaciones que presentará el Govern presentará ante el TC se insistirá en el manido argumento de que «no hacemos lo que dicen que hacemos» y que «no lo hacemos desde justo antes del 14 de octubre pasado». También ha comentado que la reunión del Pacte Nacional pel Dret a Decidir se justifica por que «ahora más que nunca es necesario hacer piña y defender todos juntos, de manera rotunda» para salvaguardar la «libertad de expresión». Si bien la fecha concreta de la reunión aún no ha sido desvelada, sí está previsto que tenga lugar esta semana.
Sobre demanda contra el Gobierno ante el Supremo, Homs ha informado de que esta se interpondrá a través del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, en concreto a los derechos de participación, de libertad de expresión e ideológica.
