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La juez Alaya reclama las actas de reuniones de la presidenta Susana Díaz

La juez Alaya reclama las actas de reuniones de la presidenta Susana Díaz

Susana Díaz

Sería la primera vez desde el inicio de la investigación judicial que ésta alcanza a algún aspecto de la gestión de la presidenta andaluza

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de nuevo en el punto de mira de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya. En un auto notificado este viernes, la juez ha requerido a la Junta que le entregue las actas de las reuniones celebradas desde 2001 al 18 de octubre de 2012 por los viceconsejeros, denominadas “consejillos”, que se realizan cada semana con carácter previo a los Consejos de Gobierno.

Hay que recordar que desde mayo de ese año, Díaz ocupaba el puesto de consejera de Presidencia, y por tanto era la encargada de coordinar las reuniones en las que participaron los viceconsejeros de todas las áreas. La documentación solicitada deberá ser entregada al juzgado en el plazo de diez días, acompañada de las convocatorias internas de esas reuniones y del orden del día de cada una de ellas.

Según el auto de la juez, se trata de “poder investigar cuantas cuestiones eran analizadas en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de (la Agencia) IDEA de las subvenciones sociolaborales”.

La documentación se solicita igualmente para aclarar “la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, sobre la falta de fiscalización previa, sobre el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y el consiguiente débito con IDEA que anticipa el pago de unas subvenciones que se pagarían arbitrariamente”.

También menciona el auto “las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario del programa 31L, sobre los presuntos acuerdos de colaboración entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación”.

Toda esa documentación es solicitada para determinar “si en dichos actos se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de Andalucía de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión de tales subvenciones de naturaleza laboral y acerca de la ilegalidad de dicho procedimiento de concesión y pago”.

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