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Nuevas fosas frustran esperanzas por hallar a los estudiantes mexicanos

Nuevas fosas frustran esperanzas por hallar a los estudiantes mexicanos

Nuevas fosas frustran esperanzas por hallar a los estudiantes mexicanos

A dos semanas de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en ataques de la policía, el hallazgo de más fosas clandestinas donde se teme que estén enterrados los jóvenes ha dejado poco lugar a las esperanzas de encontrarlos con vida.

La identificación de esos últimos cuerpos hallados en la ciudad de Iguala (sur), al igual que los 28 cadáveres encontrados en otras fosas el fin de semana pasado, puede demorarse aún unos días debido a su alto estado de carbonización.

Este viernes, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, estimó que “entre el martes y el miércoles” puedan tener como mínimo los resultados de la primera prueba a los cadáveres para confirmar si se trata de estudiantes.

La confesión de varios detenidos de que allí enterraron a jóvenes apunta a que finalmente fueron asesinados tras ser tiroteados por policías municipales y sicarios del cártel local Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre.

Las sospechas sobre los responsables de ordenar este ataque que ha conmocionado a México se dirigen hacia el alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, hermana de narcotraficantes.

Uno de los últimos detenidos es Salomón Pineda, alias “El Molón”, hermano de la esposa del alcalde y presunto miembro de Guerreros Unidos, quien confesó ser uno de los autores materiales del crimen, señaló este viernes el fiscal general, Jesús Murillo Karam.

La detención de “El Molón” y de otras tres personas en las últimas horas llevó a los investigadores hacia cuatro nuevas fosas clandestinas con cuerpos, ubicadas en una zona montañosa cercana a Iguala, donde Pineda aseguró que se enterró a estudiantes.

Otros dos sicarios también aseguran haber enterrado a estudiantes asesinados en fosas donde se encontraron 28 cadáveres.

Sin embargo, las familias se resisten a perder la esperanza y aseguran que sus hijos siguen en manos de policías fugitivos de Iguala. Hay cerca de 40 detenidos por este caso, entre ellos al menos 26 policías municipales.

¿Un crimen evitable?

Aunque está acostumbrada a saber de atrocidades en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la sociedad mexicana sigue impactada por la saña con la que fueron atacados tantos jóvenes estudiantes.

La indignación con las autoridades también crece por no haber actuado ante los señalamientos de la infiltración del crimen organizado en Iguala, ciudad de 140.000 habitantes situada a solo 200 km de Ciudad de México.

El propio alcalde, José Luis Abarca, fue denunciado a mediados de 2013 por homicidio en la justicia de la región de Guerrero (sur).

“Es inaceptable que en un Estado democrático de derecho como México puedan haber localidades con vacíos de autoridad y, peor aún, con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes”, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión con los gobernadores regionales.

El alcalde, quien la noche de los ataques se mantuvo en una fiesta, y su esposa huyeron de Iguala dos días después de los ataques, pero se cree que no han salido del país, dijo Zerón en declaraciones a Imagen Radio.

La fiscalía general decidió ahora investigar la denuncia por homicidio contra Abarca, de la que ya tenía conocimiento, al considerar que responde a una “clara delincuencia organizada”.

Este viernes el fiscal reconoció que, si se hubiera detenido en su momento al alcalde, “desde luego que se pudo haber evitado” el crimen de Iguala.

Pero “nunca me imaginé que pudiera hacerse una barbaridad del tamaño del que se hizo”, se defendió.

La esposa del alcalde fue acusada en un reporte de inteligencia de ordenar al director de Seguridad Pública que reprimiera a los estudiantes de la combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa, temiendo que interrumpieran un discurso que debía pronunciar ese día.

Los jóvenes, la mayoría entre 18 y 21 años, estaban recaudando fondos en Iguala y se habían apoderado de varios autobuses para que les regresaran a Ayotzinapa cuando ocurrieron los ataques, que dejaron seis muertos.

Prueba para el Estado

El caso de Iguala volvió a desnudar la profunda infiltración del narcotráfico en México en un caso que también ha repercutido en el exterior, con reclamos de la ONU y el gobierno de Estados Unidos para que se clarifique.

Naciones Unidas recalcó el viernes que esta investigación probará la voluntad del Estado mexicano para respetar los derechos humanos y acabar con la impunidad en el país, donde el 93% de los delitos y el 80% de los homicidios quedan sin resolver.

Las fuerzas de seguridad mexicanas también han estado en el centro de la polémica por la muerte de 22 presuntos secuestradores a manos de militares en el marco de un enfrentamiento en junio en Tlatlaya (centro).

La fiscalía anunció este viernes que tres militares -un sargento y dos soldados- han sido acusados de homicidio por rematar al menos a ocho de los 22 muertos, luego de que terminara el tiroteo.

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