La acción penal, interpuesta por el partido Soberanía, se dirige también contra Felipe González y se basa en el libro de Pilar Urbano
La Audiencia Nacional estudiará el próximo mes de julio la querella presentada por el partido Soberanía contra el Rey Juan Carlos y el expresidente del Gobierno Felipe González, entre otros, por su presunta participación en la denominada ‘trama civil’ del golpe de Estado del 23-F.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal había fijado para este martes la deliberación sobre el recurso que la formación, liderada por el abogado José Luis Mazón, había presentado contra la inadmisión de su primera querella, que fue rechazada por el juez Santiago Pedraz.
Sin embargo, los magistrados no han abordado el fondo de la cuestión porque también tendrán que estudiar una ampliación de la querella que fue rechazada a comienzos de este mes de junio por el juez instructor argumentando que Don Juan Carlos seguía siendo inviolable hasta que las Cortes Generales aprobaran la ley orgánica que regula su abdicación de la Corona.
La querella, que se sustenta en el relato del 23-F que realiza la escritora Pilar Urbano en su libro ‘La gran desmemoria’, también está dirigida contra el exdiputado socialista Enrique Múgica y el antiguo político del Partido Comunista de España (PCE) Ramón Tamames. En la ampliación se incluyó un facsímil del documento que firmó el Rey para comunicar su abdicación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 rechazó en ambos casos la acción penal interpuesta argumentando que no existen indicios delictivos en la actuación de los querellados y que, en todo caso, el delito de rebelión que se atribuye habría prescrito.
Según el Juez «en lo que se refiere a la inviolabilidad de la figura del Rey, hasta que las Cortes Generales no aprueben la Ley Orgánica que regule la abdicación del Rey Juan Carlos I, su situación institucional y procesal no se ha modificado».
La Fiscalía pidió el rechazo «de plano» de la querella destacando su «inconsistencia y falta de entidad jurídica» así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido «más de 20 años desde que acaecieron».
La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue «cerrado en falso» y constituyó «una gran estafa al conjunto del pueblo español», ya que existió una trama civil «desapercibida» e «impune» que estaba formada por «personajes muy importantes del régimen bipartidista».
