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Dueños de empresas subvencionadas del ‘caso Edu’ se atribuían sueldos de 3.500 euros como maestros

Dueños de empresas subvencionadas del ‘caso Edu’ se atribuían sueldos de 3.500 euros como maestros
Moreno (PP-A) defiende ayuda del Gobierno a Andalucía e insta a Junta a resolver su "incapacidad manifiesta" en gestión. (Teinteresa.com)
Moreno (PP-A) defiende ayuda del Gobierno a Andalucía e insta a Junta a resolver su “incapacidad manifiesta”. (Teinteresa.com)

Las investigaciones policiales en la operación Edu, el conglomerado de la Junta por el que empresas ficticias cobraban por cursos para parados a través de una trama de subvenciones ilegales, siguen su curso.

Durante el pasado jueves y viernes, una treintena de profesores que impartieron los cursos de formación presuntamente fraudulentos en empresas andaluzas declaró en las dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga.

Era tan sólo una parte de los docentes que estaban sobre el papel, ya que muchos de ellos no fueron llamados a declarar por la Policía al tratarse de los propios administradores de las empresas que recibieron la subvención del Servicio Andaluz de Empleo. Según fuentes policiales, esta podría ser una nueva irregularidad, ya que estos propietarios de las sociedades en principio no tendrían la formación ni la experiencia exigidas para impartir las sesiones.

En concreto, la ley exige que los profesores tengan tres años de experiencia en el sector de la formación o ser diplomado o licenciado, requisitos que la Policía investiga en qué casos podrían no cumplirse. Los administradores se colocaban como profesores y de este modo conseguían dos objetivos. Uno, no tener que pagar a otro docente; y dos, ponerse un sueldo que se situaba entre los mil y los 3.500 euros y que además servía para justificar gastos de cara a la concesión de la ayuda.

Los profesores que sí ofrecieron su testimonio a la Policía, por su parte, confirmaron lo que ya habían anunciado muchos alumnos, que un alto porcentaje de los cursos se habían desarrollado incumpliendo distintos requisitos legalmente establecidos. Entre éstos, los docentes señalaron que las instalaciones no eran las adecuadas, que no les abonaron el sueldo o que la empresa no proporcionaba el material que tenía la obligación de entregar a los alumnos.

Sobre el papel, los cursos recibían la subvención por parte del Servicio Andaluz de Empleo con la condición de que los adjudicatarios de esa ayuda, una vez concluido el seminario, que duraba seis meses, contrataran al 60% de los alumnos, cuestión que también investiga la Policía. No pocos alumnos, de hecho, denunciaron ante la Policía que la empresa no les buscó trabajo, sino que fueron ellos mismos los que lo consiguieron.

El dinero con el que se han concedido todas las ayudas presuntamente fraudulentas fue otorgado por el Servicio Andaluz de Empleo, organismo dependiente de la Junta de Andalucía que a su vez obtenía el montante del Fondo Social Europeo. No en vano, la Comisión Europea anunció, tras saltar a la luz pública el supuesto escándalo, que pediría explicaciones al Gobierno regional.

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