«En el PP no se pagan cantidades que no hayan sido registradas en la contabilidad del partido ni que de cualquier otra manera resulten fiscalmente opacas», aseguró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en febrero. «Se confirman los indicios de la presunta existencia en el PP de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el partido al Tribunal de Cuentas», le ha contradicho el juez Pablo Ruz nueve meses después.
Las afirmaciones de la Policía y del juez chocan además con lo sostenido este lunes por María Dolores de Cospedal, quien pidió a la Fiscalía que revisara las cifras porque el PP no ha pagado la obra de reforma de la sede de Génova con dinero negro, sino de forma regular, por 5,6 millones de euros, lo cual figuraría, según ella, en la contabilidad oficial de la formación. Los populares criticaron la «solvencia» del informe que llevó a Ruz a afirmar que había una «corriente financiera continua» en B.
Ni Bárcenas ni la UDEF ni el juez señalan que toda la obra fuese pagada con dinero negro, sino que los indicios apuntan a que se hizo de esa manera el pago de 1.072.000 euros recogidos en los “papeles de Bárcenas”, que de esta forma quedarían confirmados.
Hay que dejar al juez Ruz que trabaje, ¡por supuesto! Y no entorpecer la investigación de la Justicia como han hecho y hacen los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, y, de una vez por todas, acabar con la asfixiante y antidemocrática politización de la justicia.
