La Infanta Cristina «se limitó a rubricar sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente, se le solicitó que firmar en su condición de socio» de la compañía Aizoon, propiedad a medias con su marido, Iñaki Urdangarin, según su escrito de defensa.
Rechazan así el presunto papel de la hermana menor del Rey como colaboradora necesaria en un presunto fraude del IRPF en 2007 y 2008 –dos supuestos delitos fiscales– a través de esta empresa: «No tuvo absolutamente ninguna intervención en el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de Aizoon», y descartan también que el Duque cometiese delito en estos ejercicios.
«Dado que la confianza entre los cónyuges era plena, nunca se celebraron formalmente juntas de socios«, argumenta la defensa, que recuerda que el matrimonio constituyó esta sociedad ante notario el 11 de febrero de 2003, con el fin de destinarla a realizar planes estratégicos, dirección de proyectos y compra-venta de inmuebles.
