La trama Púnica también obtuvo mordidas en el sector de la educación
El exalcalde de Valdemoro se ocupaba de conseguir ventajosos precios para los terrenos y Marjaliza, el número dos de la trama, construía los centros.
La trama Púnica también obtuvo mordidas en el sector de la educación. Alberto Granados cobró entre 900.000 euros y 1,2 millones por la adjudicación de una veintena de colegios concertados en el área de influencia de la red, informa ABC. La operación, que se vendía a los ayuntamientos como un valor añadido para el municipio, consistía en el traspaso de terrenos con condiciones muy ventajosas a una sociedad que pagaba a cambio grandes cantidades de dinero y además aseguraba la construcción de los centros a una de las empresas de David Marjaliza, número dos de la trama.
Los centros educativos eran promovidos por Alfadel S.L., una sociedad que tiene como administrador y socio único a Alfonso Ferrón del Río, y que se encargaba de conseguir los terrenos y las licencias para después ceder la gestión del colegio a las cooperativas de profesores.
Granados utilizaba su influencia política para facilitar la concesión de los permisos y para conseguir el suelo a un precio muy inferior al del mercado. Solo en Valdemoro, la localidad de la que fue alcalde entre 1999 y 2003, hay cuatro de estos centros concertados promovidos por Alfadel S.L. Tres de ellos (Helicón, Nobelis y Valle del Miro) fueron adjudicados durante el mandato del que fuera número tres del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de otro (Lagomar), de la anterior etapa socialista, es cooperativista la mujer de Marjaliza.
El propio Granados firmó de su puño y letra la venta de los terrenos del Helicón, 27.000 metros cuadrados por medio millón de euros. En el caso de El Catón, en Torrejón de Velasco, se pagaron 300.000 euros por una parcela de 8.500 cuadrados de suelo público.
Contratos falsos
Tras la obtención de los centros, Ferrón del Río pagaba al número dos de la trama entre 900.000 euros y 1,2 millones a través de un falso contrato de consultoría y éste hacía llegar su parte a Granados, presuntamente en forma de inmuebles y otras prebendas, según las sospechas de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.
Marjaliza se aseguraba además que los centros fueran construidos por una de sus empresas, Obrum, que venía impuesta en los contratos que Alfedel firmaba con las cooperativas de profesores.
Ferrón del Río cobraba por sus servicios de intermediación un 7% del coste del centro, que solía alcanzar entre los 15 y los 20 millones de euros. De este modo, obtenía hasta 2,1 millones de euros, de los que cerca de la mitad iba a parar a los cabecillas de la trama. Después, se desvinculaba completamente de las empresas y dejaba su gestión a cargo de los profesores.
La mayoría de los veinte centros promovidos por Alfedel están situados en el área de influencia de la Púnica. Concretamente, 19 en la Comunidad de Madrid y uno en Cartagena, donde se investiga una ramificación de la trama. Dos de los colegios están en Torrejón de Velasco y Parla, cuyos alcaldes fueron detenidos.
La “operación Púnica” controlaba 926 cuentas y dos barcos
El juez envía a la Guardia Civil a la Comunidad de Madrid a requerir contratos de “Púnica”
El juez Velasco comienza a interrogar a los detenidos por la trama ‘Púnica’
