No se por qué, pero cuanto más se publica y se dice por parte del Gobierno y, sobre todo, de su presidente, Mariano Rajoy, aquello de la «consulta catalana es ilegal», más expectante está la sociedad y más dubitativa.
Rajoy ha añadido a la «ilegalidad» de la «consulta» las «medidas» que ya tiene adoptadas, pero no da a conocer.
¿Cómo puede tener adoptadas unas medidas antes de, según el presidente del gobierno, recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la celebración de la «consulta» y saber qué falla este tribunal? ¿A qué «ilegalidad» se refiere, a la actual o la previsible y futurible?
La «ilegalidad» puede cambiar o puede hacerla cambiar la propia Ley. De ahí que se descifren varias incógnitas y dudas con respecto a la Ley y su legalidad. La Policía de Cataluña y su Consejero de Interior reiteran y reiteran que cumplirán la ley. No sabemos qué ley, si la aprobada por el Gobierno Catalán para el referéndum o la Ley común a todos los españoles.
Si Rajoy apuesta por la «ilegalidad» como respuesta al órdago nacionalista catalán y sólo actúa con base a él y a lo que dictamine el TC, algo se tambalea o, simplemente, no se entiende. ¿Podrá el TC impedir el referéndum catalán antes de dictaminar, en respuesta al recurso que presente Rajoy, si debe o no debe celebrarse y si es o no es legal?
Sea como fuere, el 9 de noviembre está a «la vuelta de la esquina» política y electoral y en torno a ello girará. Lo que está claro es que la «ilegalidad» a la que se está recurriendo, se muestra algo así como posible y futura legalidad.
Sin olvidar que Sánchez, secretario general del PSOE, afirma y dice a Rajoy que «la ley sólo se cambia con la ley»
Directora N.I.
