El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha archivado la causa contra los 16 guardias civiles que estaban imputados por la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos que intentaron entrar en Ceuta el 6 de febrero de 2014 y perdieron la vida intentando acceder a la ciudad a través del espigón marítimo fronterizo del Tarajal.
La magistrada titular, María del Carmen Serván, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa seguida por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes así como por el delito de prevaricación. Contra la resolución judicial cabe recurso de reforma ante la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
Enl auto, de 32 páginas, la juez Serván detecta «debilidad indiciaria» y concluye que «los elementos fácticos presentan un insubsanable déficit de potencialidad probatoria plenaria» y que «no existe margen razonable para un mayor esfuerzo instructor».
Según detalla, los hechos «objetivos» acreditados son que hubo «un intento masivo de un número indeterminado de inmigrantes (entre 250 y 300) de acceder a territorio español»; que «pretendían acceder a las costas españolas en avalancha y a nado»; que 23 fueron expulsados «a través de las denominadas ‘devoluciones en caliente» y que con posterioridad, los días 8, 12, 13 y 15 de febrero de 2014, aparecieron en España los cadáveres de cinco inmigrantes. «A día de hoy se desconoce si los fallecimientos se produjeron en aguas de Ceuta o de Marruecos», añade.
Uso de material antidisturbios
La juez recuerda que los agentes actuaron en el ejercicio de su «función de custodia y vigilancia de la frontera» ante una entrada masiva protagonizada por unos 250 inmigrantes subsaharianos y entiende que hicieron un uso «correcto» del material antidisturbios.
La juez recuerda también que los agentes están autorizados para utilizar medios antidisturbios reglamentarios y señala que «no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material antidisturbio, máxime cuando no existe un protocolo que regule la utilización de dicho material en el medio acuático».
Entiende que los agentes usaron dicho material con «efecto disuasorio», confiando en que lograrían su objetivo de «detener el avance» de los inmigrantes de llegar a las costas españolas. Según el auto, los agentes pueden utilizar el material «siempre ajustado a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. La mera utilización de dicho material no puede ser calificada como imprudente».
Los inmigrantes «asumieron el riesgo» de entrar ilegalmente
En el auto, Carmen Serván ha afirmado que los inmigrantes «no eran personas en peligro en el mar» que precisasen ayuda en el sentido referido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar.
«Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil», ha puntualizado en el auto para el archivo de la causa.
La juez ha afirmado que de las grabaciones se constata que la avalancha de inmigrantes ocurrida sobre la frontera del Tarajal en Ceuta se desplazaba en bloque «corriendo desde lo alto de un monte dirección al mar y que en el trayecto las fuerzas marroquíes intentaron detenerlos con piedras y palos».
En el auto se deja constancia de que el punto de partida para el avance de la instrucción fue un informe elaborado por la ONG Caminando Fronteras donde en 28 entrevistas abiertas a testigos se establecía una relación causa-efecto entre los fallecidos y heridos y el uso del material antidisturbios de la Guardia Civil.
«Son testimonios confusos, vagos e imprecisos, contradictorios en sí mismos entre sí y en relación con los informes de autopsia, además de incoherentes y faltos de corroboración», especifica Carmen Serván.
Del grupo de inmigrantes sólo llegaron a la playa de Ceuta 23, que fueron expulsados mediante las denominadas «devoluciones en caliente». Sobre el presunto delito de prevaricación por esta acción, la juez opina que los guardias entregaron a 23 migrantes a las autoridades marroquíes «conforme a una práctica admitida e impuesta por el Ministerio del Interior, con cobertura legal en este momento».
Una juez imputa a 16 guardias civiles por las muertes del Tarajal
Un informe dice que el material de la Guardia Civil influyó en la tragedia de El Tarajal
