ATME se suma al respaldo a los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil tras el fracaso de las negociaciones con Interior
Este nuevo bloqueo supone también el portazo para las aspiraciones de los militares de ver reconocida su profesión como de riesgo y exige compromisos electorales claros que garanticen el avance de ambas reivindicaciones.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha recibido respuesta del Ministerio de Defensa a los distintos escritos que remitió durante los últimos seis meses en relación con el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo.
«La contestación trasladada por el departamento ministerial no aporta garantías, calendario ni avances concretos sobre una medida cuyo impulso fue anunciado hace ya varios meses por la ministra de Defensa», critican desde la Asociación.
Cabe recordar que las iniciativas de ATME se remontan al pasado mes de abril, cuando la asociación solicitó la creación de una comisión de trabajo específica que permitiera a las asociaciones profesionales participar activamente en la elaboración de la propuesta. Posteriormente, presentó una batería de medidas destinadas a asegurar que cualquier futura regulación beneficiara al conjunto del colectivo militar, con independencia de su régimen de adscripción, al tiempo que requirió información sobre el estado de los trabajos anunciados por el ministerio.
La respuesta de Defensa se limita a recordar que, durante la reunión mantenida el pasado 2 de junio entre los ministerios de Defensa y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se presentó una memoria en la que se recogían las propuestas formuladas por las asociaciones profesionales en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Entre esas propuestas figuraban reivindicaciones defendidas por ATME, como la aplicación de coeficientes reductores para anticipar la jubilación, la adaptación del régimen de Clases Pasivas, la eliminación de diferencias derivadas del sistema de adscripción y el reconocimiento de derechos para quienes prestaron servicio mediante compromisos temporales.
No obstante, para ATME resulta especialmente preocupante que, varios meses después del anuncio político realizado por el Ministerio de Defensa, la única actuación concreta de la que se tenga constancia sea la remisión de una memoria de apenas un folio, sin que hayan trascendido estudios técnicos, grupos de trabajo, negociaciones o avances que permitan valorar las posibilidades reales de que esta iniciativa llegue a buen término.
La preocupación de la asociación se ha visto además acrecentada tras conocerse que las negociaciones para el reconocimiento de la profesión de riesgo en la Policía Nacional y la Guardia Civil, que aparentemente se encontraban en una fase más avanzada, se han visto abruptamente interrumpidas. La reunión celebrada este 27 de octubre entre los representantes de ambos cuerpos y el Ministerio del Interior concluyó con un encierro protagonizado por sindicatos policiales y asociaciones profesionales de guardias civiles, después de que se les comunicara que la convocatoria de elecciones generales impedía cerrar un acuerdo sobre sus reivindicaciones en materia de jubilación y reconocimiento profesional antes de los comicios.
Ante esta situación, ATME quiere trasladar públicamente su pleno apoyo a los sindicatos de la Policía Nacional y a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, destacando la firmeza mostrada en defensa de unos derechos cuya reivindicación comparten miles de servidores públicos. La asociación considera que tanto policías nacionales y guardias civiles como militares desarrollan su labor en condiciones marcadas por especiales riesgos, exigencias físicas y limitaciones profesionales, por lo que merecen un reconocimiento justo y efectivo que se traduzca en medidas concretas y no en meras declaraciones de intenciones.
La asociación recuerda, además, que durante gran parte de la actual legislatura las iniciativas orientadas a reconocer como profesiones de riesgo la militar, la policial y la de la Guardia Civil fueron rechazadas por las fuerzas parlamentarias que sustentaban al Gobierno. Por ello, ATME considera que tanto la ruptura de las negociaciones en el ámbito del Ministerio del Interior como la falta de avances apreciables por parte del Ministerio de Defensa vienen a reforzar las advertencias que la propia asociación realizó en su momento, cuando alertó de que estos anuncios podían terminar convirtiéndose en un mero ejercicio de dilación que condujera la cuestión hasta un escenario en el que resultara imposible culminar su tramitación debido a la convocatoria electoral, que inicialmente se preveía para 2027.
Por ello, ATME hace un llamamiento a los partidos políticos para que incorporen de forma expresa esta medida en sus programas electorales, junto con otros compromisos esenciales para las Fuerzas Armadas, como una actualización de las retribuciones acorde con las responsabilidades asumidas por los militares, la aprobación de una Ley Integral de la Carrera Militar que elimine la temporalidad y ofrezca perspectivas profesionales estables, y la actualización de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Para la asociación, todas estas cuestiones deben quedar recogidas en compromisos políticos claros, concretos y verificables, ya que constituyen demandas históricas del personal militar que no pueden seguir quedando relegadas legislatura tras legislatura.
