Manifestación en Túnez celebrando la caída de Ben Ali en 2011 / Efe
Miles de tunecinos rememoraron hoy el séptimo aniversario de la caída de la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali con diversas manifestaciones independientes que evidencian la creciente fractura social.
En la mítica avenida Habib Bourguiba, corazón de aquel movimiento que sorprendió al mundo e hizo florecer las ahora marchitas «primaveras árabes», círculos progresistas y seguidores del islamista partido Ennahda marcharon en direcciones opuestas.
Tal día como ayer, siete años después, los tunecinos volvieron a las calles para protestar por los mismos problemas que sufrieron bajo la dictadura, como la corrupción política, la tasa de desempleo que supera el 15% y la subida de los precios. ¿Qué es lo que ha fallado en la transición democrática de Túnez? Desde la céntrica avenida Habib Bourguiba, en la capital tunecina, miles de manifestantes gritaron: «Trabajo, libertad y dignidad nacional».
Los disturbios por la crisis económica representan uno de los desafíos más graves para el actual Gobierno, que se formó a finales de 2016. La economía de Túnez ha experimentado una fuerte de-saceleración con la caída de las inversiones y de las exportaciones, especialmente a la Unión Europea, su principal socio comercial. También ha caído la producción de sus sectores no manufactureros y los ingresos por turismo debido a los ataques terroristas, lo que ha aumentado el paro y afectado a la recuperación. El turismo es la principal industria del país magrebí y aporta el 10% del PIB y el 15% de los empleos, de manera que el golpe a este sector daña la estabilidad política y económica.
Para frenar la situación y que la economía no caiga en bancarrota, las autoridades han tenido que aplicar un plan de medidas de austeridad para poder reducir el gasto a cambio de un préstamo de 2.500 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI). Para poder cumplir con su compromiso con el FMI, el Ejecutivo tuvo que subir los impuestos en diversos sectores y ha emprendido una política de despidos y prejubilaciones en la función pública que afecta a más de un millón de funcionarios.
Ahora la inestabilidad perjudica ante todo a los islamistas de Ennahda, socio en la actual coalición de Gobierno, que controlan el Parlamento y aspiran a ganar las elecciones municipales de mayo, que serán las primeras desde el triunfo hace siete años de la revuelta. Si se cumplen los pronósticos, su posible victoria electoral los colocaría en una posición de privilegio de cara a las presidenciales de 2019. Tampoco vienen bien al Gobierno, que al igual que la UE y los Estados vecinos teme que las protestas puedan ser utilizadas por los movimientos yihadistas para tratar de desestabilizar el país magrebí. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
