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Las universidades del G-9, entre ellas, la UPNA, abordan cómo reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica
La Comisión Sectorial de Secretarías Generales analiza los retos de la administración electrónica o las iniciativas de simplificación administrativa
Avanzar hacia una gestión universitaria más ágil, eficiente y accesible, sin renunciar a las garantías jurídicas de los procedimientos administrativos, fue uno de los principales ejes de la reunión de la Comisión Sectorial de Secretarías Generales del Grupo 9 de Universidades (G-9), al que pertenece la Universidad Pública de Navarra (UPNA). El encuentro, que se celebró en Santander los días 8 y 9 de octubre con la Universidad de Cantabria (UC) como anfitriona, permitió analizar los retos de la administración electrónica, las garantías de los procedimientos universitarios y las iniciativas de simplificación administrativa, entre otras cuestiones.
Asistentes a la reunión de Secretarías Generales del G9, celebrada en la Universidad de Cantabria.
La reunión, que se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria bajo la presidencia del rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot Giner, congregó a responsables de las secretarías generales y de los servicios jurídicos de las universidades participantes para analizar retos compartidos, intercambiar experiencias y explorar soluciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las instituciones universitarias. Por parte de la UPNA, asistió a las sesiones el secretario general, Roldán Jimeno Aranguren.
Administración electrónica y seguridad jurídica
Uno de los principales ámbitos de trabajo fue la implantación y la gestión del expediente electrónico. Las universidades compartieron experiencias sobre la digitalización de los procedimientos, la integración de herramientas informáticas y la gestión y conservación de la documentación administrativa, con especial atención tanto a los avances conseguidos como a las dificultades que todavía plantea la transformación digital.
La seguridad jurídica constituyó otro de los ejes centrales del encuentro. En particular, se analizó la naturaleza jurídica de los protocolos universitarios contra el acoso, los códigos éticos y otros instrumentos destinados a garantizar la convivencia en el ámbito universitario. El examen de recientes resoluciones judiciales permitió profundizar en los procedimientos de aprobación de estos instrumentos, su encaje normativo y las garantías que deben presidir su aplicación.
Las sesiones también abordaron la coordinación de los canales internos de denuncia con las estructuras y procedimientos ya existentes en las universidades, así como cuestiones relacionadas con la gestión de los premios nacionales a los mejores expedientes académicos y el régimen jurídico de las entidades basadas en el conocimiento.
Simplificar procedimientos para mejorar la gestión universitaria
La simplificación administrativa ocupó un lugar destacado en las jornadas, con el intercambio de iniciativas destinadas a reducir cargas burocráticas, evitar trámites innecesarios, agilizar la gestión de expedientes y mejorar la coordinación entre servicios universitarios.
En este contexto, la Universidad de Cantabria compartió distintas actuaciones orientadas a modernizar su funcionamiento interno, entre ellas, las herramientas para la gestión de resoluciones y convenios, sistemas de seguimiento documental y medidas dirigidas a eliminar exigencias administrativas innecesarias.
Asimismo, esta universidad presentó las principales líneas de su Plan de Simplificación Administrativa, dirigido hacia una “gobernanza ligera”, una iniciativa que sirvió de punto de partida para contrastar experiencias y reflexionar sobre las posibilidades de mejora de los procedimientos universitarios.
La cooperación entre universidades, clave para afrontar retos comunes
Más allá del análisis de cuestiones concretas, la reunión puso de relieve el valor de la cooperación entre las universidades públicas para afrontar problemas jurídicos y administrativos que, pese a las particularidades de cada institución, presentan numerosos elementos comunes.
En este sentido, el rector de la Universitat de les Illes Balears y presidente de la Comisión Sectorial, Jaume Carot, destacó que “simplificar no significa renunciar a las garantías jurídicas, sino conseguir que los procedimientos sean más ágiles, claros y eficaces”. “Compartir experiencias y soluciones entre universidades nos ayuda a avanzar en esa dirección”, añadió.
Un grupo de universidad únicas de carácter público
El Grupo 9 de Universidades (G-9) , creado en 1997, está integrado por las universidades que son las únicas públicas generalistas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza. Además, la Universidad de Murcia participa como colaboradora.
Además, la Universidad de Burgos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén participan como entidades colaboradoras y forman parte del Campus Digital Compartido del G-9.
El G-9 promueve la colaboración interuniversitaria en los ámbitos de la docencia, la investigación, la gestión y los servicios, con el objetivo de compartir recursos, impulsar iniciativas conjuntas y contribuir a la mejora del sistema universitario público.
