El Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco contrastan sus vías para proteger las VPO de alquiler

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, se ha reunido este martes por la tarde con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, con el objetivo de contrastar las distintas vías legales emprendidas por ambas comunidades para proteger el parque de vivienda de protección oficial en alquiler y reforzar la seguridad de las personas inquilinas.

El encuentro se ha producido después de que el Parlamento de Navarra aprobara la semana anterior “tres iniciativas muy relevantes”, en palabras de Begoña Alfaro: en primer lugar, la regulación del alquiler de habitaciones, “aspecto pionero en el Estado que busca poner freno a los abusos poco disimulados que se cometen sobre inquilinos e inquilinas que alquilan habitaciones”; en segundo lugar, la regulación de los contratos de temporada para evitar “el uso fraudulento de los mismos”; y, finalmente, la reforma destinada a impedir que las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible pierdan su calificación y puedan pasar al mercado libre.

El Gobierno Vasco quiere conocer de primera mano el alcance jurídico de estas iniciativas, el modo en que han sido impulsada y consensuadas en el Parlamento foral, y su posible utilidad como referencia para abordar situaciones análogas en Euskadi. En ese sentido, Itxaso ha subrayado que la reunión responde a una voluntad compartida entre ambos gobiernos: “defender a las personas inquilinas, consolidar un mercado protegido de alquiler sano y evitar que decisiones regulatorias del pasado terminen provocando hoy incertidumbre residencial, subidas abusivas o expulsiones encubiertas de familias que accedieron en su día a una vivienda protegida”.

La vicepresidenta navarra Begoña Alfaro ha asegurado que la aprobación el pasado jueves por parte del Gobierno de Navarra de la proposición de ley que blinda de manera permanente la vivienda protegida de alquiler viene a paliar un déficit existente hasta la fecha “que consistía en que viviendas públicas, construidas con una importante aportación de dinero salido del bolsillo de navarros y navarras, acaben en manos de fondos de inversión privados y en el mercado libre. Con esta aprobación -ha añadido- lo que garantizamos es la seguridad residencia de 2.243 familias de navarras a futuro ya que sus viviendas iban a perder la calificación protegida, 1.300 de ellas en los próximos cinco años”.

Con relación a la seguridad jurídica, la vicepresidenta tercera del Gobierno foral ha destacado que “todas las iniciativas que se han llevado a cabo en esta legislatura se han realizado con sólidos informes jurídicos y, en este caso, no podía ser menos. No solo hay solidez jurídica, sino que hay jurisprudencia consolidada tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunas Superior de Justicia del País Vasco como del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que avalan la medida que hemos adoptado porque mientras una vivienda tiene la calificación protegida no estamos hablando de un derecho consolidado sino de un derecho de expectativa, que es de lo que se trata en la modificación legislativa que hemos aprobado. Lo que no puede ser- ha añadido- es que cualquier avance en materia de vivienda para la mayoría social se cuestione la seguridad jurídica por parte de quién no quiere modificar nada para que todo siga igual. Aquí, hay seguridad jurídica, hay seguridad residencial para los inquilinos y hay seguridad emocional para quien ahora ya no tiene que preocuparse de que va a ser de su vivienda a futuro”.

Por su parte, el Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana viene analizando en los últimos meses diferentes fórmulas para evitar la descalificación de viviendas protegidas en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado. La vía inicialmente estudiada por el Ejecutivo autonómico toma como referencia la experiencia de Cataluña y plantea mantener y prorrogar la protección oficial de aquellas viviendas, tanto en alquiler como en propiedad, que estén amenazadas de perder su calificación en los próximos años, al menos mientras se mantenga vigente la declaración de zona tensionada en el municipio correspondiente.

Cabe señalar que Euskadi cuenta desde hace años con una política avanzada de calificación permanente de la vivienda protegida, pero arrastra todavía promociones anteriores a ese marco legal que pueden quedar expuestas a procesos de descalificación. Navarra, por su parte, acaba de aprobar una reforma de mayor alcance sobre la VPO en alquiler que el Gobierno Vasco quiere estudiar con detalle. Itxaso ha destacado la “complicidad política” existente entre ambos ejecutivos en materia de vivienda y ha valorado que Navarra haya afrontado este debate “con valentía, vocación social y voluntad de proteger a quienes viven de alquiler en promociones que nunca debieron perder su función pública”.

Así, la reunión entre los gobiernos navarro y vasco se ha enmarcado en una lógica de cooperación institucional y de aprendizaje compartido entre comunidades que afrontan problemas similares desde realidades jurídicas diferentes. Por esto, la reunión entre Itxaso y Alfaro ha permitido también compartir experiencias sobre la regulación de las zonas tensionadas, el papel de los grandes tenedores, los mecanismos de tanteo y retracto, y las herramientas jurídicas disponibles para evitar que viviendas promovidas con vocación social terminen expulsando a los mismos hogares a los que debían proteger.