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NAVARRA INFORMACIÓN
Las juntas de vecinos se digitalizan por ley, pero expertos alertan de riesgos jurídicos y de exclusión
El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de una reforma que permitirá generalizar las juntas de vecinos telemáticas y la digitalización de la gestión comunitaria. El cambio, bien valorado por el sector, promete facilitar la participación y agilizar la toma de decisiones en las comunidades
Las comunidades de propietarios se adentran en una nueva etapa marcada por la digitalización. El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, impulsada por el Partido Popular, que permitirá celebrar juntas de vecinos de forma telemática, consolidando así una práctica que ya se utilizó de manera excepcional durante la pandemia. La iniciativa abre ahora el periodo de enmiendas y supone un paso decisivo hacia la modernización de un marco legal prácticamente inalterado desde 1960.
La reforma no solo regula la posibilidad de reuniones virtuales o en formato mixto, sino que introduce cambios relevantes en la gestión diaria de las comunidades. Entre ellos, la opción de que el secretario pueda realizar citaciones y notificaciones por correo electrónico, así como la implantación del libro de actas en formato digital, dejando atrás su carácter exclusivamente físico.
La propuesta bebe directamente de la experiencia acumulada durante la crisis sanitaria, cuando la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales obligó a miles de comunidades a adaptarse a soluciones digitales. Aquella medida temporal se encamina ahora hacia su normalización jurídica, con el objetivo de modernizar la propiedad horizontal y adaptarla a una realidad cada vez más digitalizada.
Evolución necesaria del marco normativo
El texto plantea que las juntas puedan celebrarse de manera telemática o mixta, combinando asistencia presencial y remota, siempre que así lo acuerden previamente los propietarios o lo contemplen los estatutos de la comunidad. Además, introduce la posibilidad de establecer un domicilio electrónico para notificaciones, lo que permitiría sustituir progresivamente las comunicaciones tradicionales en papel por envíos digitales con plena validez legal.
Desde el sector profesional, la lectura es similar, aunque con matices. Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices, considera que la medida marca un antes y un después en la forma de entender la administración de fincas en España. “Estamos ante una evolución necesaria del marco normativo”, explica, al tiempo que subraya que la reforma sitúa a las comunidades en línea con la realidad social actual, caracterizada por la movilidad de los propietarios, la digitalización de los servicios y la necesidad de mayor agilidad en la gestión.
En opinión de Blanco, uno de los efectos más inmediatos de la reforma será el incremento de la participación en las juntas. La posibilidad de conectarse desde cualquier lugar elimina una de las principales barreras históricas de estos encuentros, donde la asistencia solía ser reducida, especialmente en edificios con alta proporción de viviendas en alquiler o con propietarios que residen fuera. “Permite que quien trabaja, viaja o vive en otra ciudad pueda implicarse en la gestión de su propiedad sin condicionantes físicos”, apunta.
Superar la brecha digital
La digitalización también promete cambios en los tiempos y costes de gestión. La reducción de envíos postales, la disponibilidad inmediata de la documentación o la automatización de avisos podrían traducirse en procesos más ágiles y económicos. En paralelo, el Libro de Actas Digital contribuiría, en teoría, a simplificar la conservación y trazabilidad de los acuerdos adoptados.
Sin embargo, el entusiasmo convive con ciertas cautelas. Desde Vecinos Felices insisten en que la traslación de estos procesos al entorno digital debe hacerse con garantías sólidas, especialmente en lo relativo a la seguridad jurídica. “La tecnología existe y es fiable, pero la clave estará en su correcta implementación”, advierte Blanco. Aspectos como la identificación de los propietarios en una videoconferencia, la validez del voto telemático o la acreditación de las notificaciones electrónicas serán determinantes para evitar conflictos o impugnaciones.
A ello se suma un desafío de carácter social: la brecha digital. No todos los vecinos disponen de los mismos recursos o habilidades tecnológicas, una realidad especialmente visible entre la población de mayor edad. La reforma, tal como está planteada, abre la puerta a modelos mixtos que buscan precisamente evitar la exclusión, permitiendo que quienes lo deseen sigan asistiendo presencialmente mientras otros optan por conectarse a distancia.
“Es fundamental que este proceso se aborde con sensibilidad hacia la diversidad de los propietarios”, señala Blanco. En su opinión, el éxito de la reforma dependerá en gran medida de esa capacidad de equilibrio entre modernización e inclusión. “No se trata solo de digitalizar, sino de hacerlo sin dejar a nadie atrás”, resume.
El trámite parlamentario que ahora comienza será clave para definir ese equilibrio. Algunas formaciones ya han señalado la necesidad de concretar los requisitos técnicos de las plataformas digitales o de reforzar las garantías legales, mientras que desde ámbitos autonómicos se ha recordado que territorios como Cataluña cuentan desde hace años con regulaciones propias que ya contemplan este tipo de herramientas.
En ese tránsito, la ley buscará ahora acompañar una realidad que se ha impuesto por la vía de los hechos. La aprobación de esta iniciativa no supone tanto un cambio abrupto como la validación de una práctica que ya ha demostrado su utilidad. El reto, coinciden expertos y sector, será convertir esa experiencia en un sistema estable, seguro y verdaderamente accesible para todos.
