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El TAN da la razón al PP de Artica y declara ilegales las dietas del Concejo
Desde el PP exigen dimisiones y la devolución de los pagos tras la resolución del Tribunal
El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha dado la razón al Partido Popular de Artica y ha declarado ilegales las dietas cobradas por varios miembros del Concejo, tras estimar el recurso presentado por la portavoz del PP en el Concejo de Artica, Cristina Recalde.
La resolución es contundente: los pagos carecían de cobertura legal, ya que no existía ningún acuerdo previo que fijara la cuantía por la asistencia a tribunales calificadores. El intento posterior de justificar esos cobros modificando su concepto tampoco ha sido avalado por el Tribunal, que ha anulado las resoluciones que permitieron dichos pagos.
En concreto, los pagos declarados ilegales por el TAN los recibieron Antonio Novoa, entonces presidente del Concejo, y los miembros Juan Martín Lacunza, Iván Fernández Dean y Rosa Blanco, actual presidenta del Concejo; todos ellos de la agrupación política Vecinos por Artica.
Desde el PP de Artica subrayan que esta decisión confirma que su labor de fiscalización “no solo era necesaria, sino absolutamente rigurosa y fundamentada”, frente a quienes trataron de desacreditarla públicamente.
En este sentido, los populares recuerdan que desde el grupo Vecinos por Artica se acusó a Recalde de “sembrar dudas de forma intencionada” y de realizar “acusaciones infundadas”. “Hoy queda claro que no había insinuaciones, había irregularidades. Y lo que algunos intentaron tapar, un tribunal lo ha confirmado”, ha señalado la portavoz del PP, Cristina Recalde.
La resolución evidencia además que el Concejo trató de sostener unos pagos que previamente habían sido reconocidos como incorrectos, intentando darles cobertura a posteriori sin respaldo legal.
Ante estos hechos, el PP de Artica considera que las consecuencias políticas deben ser inmediatas y claras: la dimisión de los responsables políticos que aprobaron y defendieron estos pagos ilegales, la devolución íntegra de las cantidades cobradas indebidamente y la asunción de responsabilidades por la gestión realizada.
“Lo grave no es solo haber pagado dietas sin cobertura legal, sino haber intentado justificarlas, desacreditar a quien las denunció y utilizar las instituciones para sostener lo que no se sostiene”, ha afirmado Recalde.
“El tiempo pone a cada uno en su sitio. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo: fiscalizar, denunciar y defender el interés público. Y hoy el Tribunal nos da la razón”, ha concluido.
