
JUPOL denuncia el señalamiento injustificado de su afiliada en Navarra, la comisaria Nuria Mazo, mediante acusaciones falsas ya archivadas judicialmente
«El sindicato Justicia Policial JUPOL, organización mayoritaria en la Policía Nacional, expresa su más firme respaldo a su afiliada en Navarra, Nuria Mazo, frente a las graves imputaciones personales vertidas en los últimos días en diversos medios de comunicación, imputaciones que JUPOL considera objetivamente falsas, jurídicamente insostenibles y profundamente injustas.
JUPOL quiere dejar meridianamente claro un hecho esencial que está siendo deliberadamente ignorado en el debate público: Nuria Mazo no estaba destinada en Navarra cuando ocurrieron los hechos objeto de investigación, ni durante el año 2016 ni durante 2017, periodo en el que se practicaron las diligencias iniciales y las actuaciones técnicas que hoy se le pretenden atribuir. Su incorporación a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona no tuvo lugar hasta enero de 2018, dato objetivo, documentado y fácilmente comprobable.
Resulta, por tanto, materialmente imposible atribuirle responsabilidad alguna sobre actuaciones que se sitúan cronológicamente fuera de su ámbito temporal de destino, lo que convierte las acusaciones vertidas en un ejercicio de señalamiento personal carente de base fáctica.
JUPOL recuerda asimismo que el nombre de Nuria Mazo no aparece en ningún momento en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de octubre de 2025. Dicha resolución condena al Estado español por deficiencias estructurales en la investigación desde una perspectiva de responsabilidad institucional, no individual, y en ningún caso atribuye conductas concretas ni responsabilidades personales a la Comisaria Mazo. Utilizar una condena internacional al Estado para construir un relato de culpabilidad individual constituye una manipulación inadmisible del contenido real de la sentencia.
Pero hay un dato aún más grave que se está silenciando: estas mismas acusaciones ya fueron investigadas en sede judicial en España y concluyeron con un auto de sobreseimiento libre y archivo. En dicho auto judicial se descarta expresamente la existencia de indicios de delito y se niega cualquier participación de Nuria Mazo en la manipulación, borrado o destrucción de prueba alguna. No se trata, por tanto, de sospechas abiertas ni de cuestiones pendientes, sino de hechos ya examinados y definitivamente archivados por la autoridad judicial competente.
Pese a ello, se insiste en reactivar públicamente acusaciones ya descartadas, sometiendo a una mando policial a un juicio mediático paralelo, vulnerando principios básicos del Estado de Derecho y erosionando gravemente la presunción de corrección profesional de quienes sirven en la Policía Nacional.
En este contexto, JUPOL sostiene que la denuncia pública contra la comisaria estaría siendo impulsada por el sindicato SUP, y considera que carece de base jurídica sólida. Según JUPOL, esta actuación respondería más a una animadversión personal hacia el mando policial que a hechos sustentados legalmente, lo que, a su juicio, agrava aún más el carácter injusto del señalamiento y contribuye a alimentar un relato sin respaldo judicial.
JUPOL advierte que no va a tolerar que se utilice el contenido de una sentencia internacional para personalizar responsabilidades inexistentes, ni que se estigmatice a una de sus afiliados mediante la repetición de imputaciones que ya fracasaron en los tribunales. Frente a esta deriva, la afectada ha ejercitado legítimamente su derecho fundamental de rectificación, procedimiento que se encuentra actualmente en trámite ante los tribunales de Pamplona, y cuyo resultado deberá ser respetado por todos.
Este sindicato seguirá defendiendo sin ambigüedades a sus afiliados y representantes frente a informaciones inexactas, relatos interesados o reconstrucciones mediáticas que ignoran resoluciones judiciales firmes. La crítica institucional es legítima; el señalamiento personal sin base judicial, no.
JUPOL reitera su confianza plena en la profesionalidad, integridad y trayectoria de Nuria Mazo, y exige rigor, responsabilidad y respeto a la verdad judicial en el tratamiento público de estos hechos.»
