Creo que todos hemos escuchado o utilizado no pocas veces, la conocida frase de “Vaya par de patas para un banco” como una forma jocosa de referirse a personas que no sirven para algo, utilizando una forma más elegante de decir “Vaya par de inútiles”. Bien, pues en este caso, el banco de referencia tiene tanta carga judicial, que ni siquiera las cuatro patas habituales del típico banco de parque serían suficientes para soportar el peso de los encausados y necesita siete, además de no pocos apoyos ocasionales en forma de ministros y lacayos fieles agrupados en el ya conocido Loro Park de la Moncloa. Está más que demostrado que los relacionados con este gobierno Frankenstein, profesional o familiarmente, han demostrado con creces su inutilidad para el servicio público, al que supuestamente deberían haber dedicado sus quehaceres, y cambiaron el conocido lema de la antigua Organización Juvenil Española, la OJE a la que me honro en haber pertenecido: “Vale quien sirve. Servir es un honor”, que recordaba estos días en las redes un viejo amigo, por “Servirse es un chollo y en eso estamos”, en ese “VALE TODO” y “NUNCA PASA NADA”, al que el sistema nos tiene ya demasiado acostumbrados.
Así, ese hipotético banco de la corrupción judicializada –política y/o económica– tendría cuatro patas en los extremos y tres más potentes en el centro, reforzando su resistencia, con un largo “tablero” de nombre Víctor Gonzalo de Aldama, en el que se “sientan” buena parte de ellos. En un extremo del bancorrupto encontramos las dos patas familiares, con la amadísima Begoña Gómez ‘Fundraising’ y el querido hermanísimo David ‘Azagra’ von Karajote y en el otro las dos patas, política y de gobierno con el ex número dos del partido sanchista y del contubernio de la Moncloa, José Luis Ábalos y su, primero asesor y después degradado a asistente, Koldo García. En medio estarían las tres patas más potentes, las institucionales, que son el Tribunal cada vez más “prostitucional” de Cándido Conde Pumpido y la fiscalía general del “establo” sanchista “¿de quién depende?” de Álvaro García Ortiz, escoltando a la segunda institución del Estado, la propia presidencia del gobierno, cada día más tocada y en entredicho, pero resistiendo.
Terminábamos la semana pasada con la patética declaración ante la juez del “despistado” hermanísimo presidencial, David Sánchez Pérez-Castejón, alias “Azagra”, del que el no menos despistado secretario general del PSOE extremeño, el “díscolo” Miguel Ángel Gallardo, ignoraba el parentesco y con la nueva cacicada sanchista de anunciar una “ley de protección familiar, de amigos y socios”. Con el hermano se producía lo nunca visto, el director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz no sabía responder a la difícil pregunta de la juez sobre dónde se encontraba la oficina de ese cometido, y su respuesta fue “No le puedo decir, supongo que estará en el despacho en el que estoy instalado yo ahora”. Y tampoco fue capaz de satisfacer la curiosidad de la juez que, ilusa ella, le preguntó quien la componía porque “Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados”, y entre silencios y titubeos acabó citando a un tal Ángel Seco, del que “No le podría decir qué puesto tiene”. Y, en este mismo procedimiento, no fue menos patético el motivo del reproche que la misma juez le hacía a una funcionaria de Hacienda: “Si ustedes me mandan un informe que no tiene nombre ni tiene fecha… Yo nunca jamás he visto un informe de la Agencia Tributaria, cuando le he pedido algún tipo de información o valoración, que no estuviera firmado por nadie. Por eso le pregunto que, por qué razón, en este caso, no se firmó”. La respuesta fue de despido: “Debió tratarse de un error”, pero a un funcionario no hay quien lo despida por semejante “minucia”.
Respecto a la anunciada cacicada de acabar con la acusación popular con la ley que antes citaba y que algunos llaman ya Ley Begoña, Ley David o Ley del Yo mismo, entre otras acepciones que circulan por ahí, esta semana se ha completado con la maniobra de presentar una proposición de ley por parte del grupo parlamentario socialista, porque así creo que evita la necesidad del informe del Consejo de Estado o del Poder Judicial de haber sido aprobada en consejo de ministros y presentada por el gobierno. Con el eufemismo de Ley de reforma de la acusación popular, el sanchismo pretende que sólo acuse el fiscal que ya sabemos de quién depende y si, como reconocidos juristas apuntan a que este proyecto apunta a ser inconstitucional, pues para eso también tiene colonizada esta institución con su “Pascual criado leal” Pumpido, que acaba de hacer la última, recusando al magistrado conservador José María Macías para el debate sobre la ley de amnistía, a petición del fiscal general imputado, pese a que se realizó dos días después de terminar el plazo.
Y empezaba esta semana con un contundente auto del juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, en la causa que instruye sobre la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso que llega a concluir en que “El fiscal y la fiscalía procuraron la destrucción de un rival político, revelando secretos” y pone a los pies de los caballos a un fiscal general del Estado (FGE) que hace tiempo que debería haberse ido y del que las malas lenguas dicen que no lo hace por imperativo sanchista para servir de última salvaguarda al propio presimiente del desgobierno, cada día más próximo a formar parte de la causa. Ya conocíamos unas primeras declaraciones de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, el pasado mes de junio, en las que reconocía haber tenido “varias llamadas en el teléfono móvil, que no atendí porque tenía una reunión a las 10 de la mañana con la policía judicial, sobre un asunto bastante importante…, y no atendí las sucesivas llamadas del fiscal general, hasta que me sonó en mi teléfono particular el mensaje de WhatsApp del FGE diciendo: ‘la nota está consensuada con la fiscal, con Pilar (Rodríguez, Lady Cianuro) y con Virna (Alonso, fiscal decana provincial de delitos económicos), es imprescindible mandar la nota porque nos están ganando, difundiendo el bulo y no podemos consentir que se cuestione el trabajo excelente que ha realizado, impecable, la fiscalía provincial’. Y citaba también otro mensaje de su jefe diciendo que “es imperativo, Almudena, hay que sacar la nota ya”, recibiendo simultáneamente la llamada del FGE al que ante su insistencia le respondió que “Yo no estoy de acuerdo con esa nota, si tu quieres sacar esa nota y está consensuada con la fiscalía provincial (FP), saldrá como nota de la FP, pero yo, como fiscal superior, no asumo el contenido de esa nota porque no considero que sea necesario desmentirlo de esta manera cuando se puede desmentir de otra forma sin dar ningún dato que desvele cada una de las comunicaciones e incluso las manifestaciones, las declaraciones que haya podido hacer el sujeto investigado en nuestras diligencias de investigación, entonces ya, judicializadas”. Unas declaraciones que supusieron ser llamada por el citado Juez Hurtado, junto a su compañero Julián Salto, el fiscal que llevaba el caso González Amador, el novio de Díaz Ayuso. Ambos desmintieron la existencia del “protocolo de borrado” en el que se amparaba el FGE para el borrado de su móvil y se ha sabido otro intercambio de frases entre Lastra y García Ortiz. La fiscal le preguntaba abiertamente: “Álvaro, ¿lo has filtrado tú?” y la respuesta del FGE fue: “Eso. Ahora, no importa”. Una respuesta que deja en evidencia al que la dio. Al final, al FGE y a la fiscal provincial se une como investigado el teniente fiscal de la secretaría general y ya veremos las implicaciones de Moncloa, que no parecen pocas y que pueden llegar a la cúpula.
No faltaron los palmeros del Loro Park criticando el auto del Juez Hurtado, empezando por la incansable ministra portavoz, Pilar Alegría ‘de la huerta’, con su natural desparpajo: “no hay ninguna prueba concreta que señale al FG, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Y fíjese, estamos en un Estado de derecho y las afirmaciones se tiene que sustentar en indicios y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones”. Por su parte, el fiel ministro tres en uno, Félix Bolaños, para más inri responsable de Justicia entre sus tres competencias: “En el auto del Supremo que conocimos hace unos días, yo les tengo que decir que leí con sorpresa que hubiera algunas afirmaciones que leí en ese auto y que con todo respeto, yo querría preguntar que en qué se fundamenta y en qué sustenta algunas de las afirmaciones de ese auto, porque realmente no existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia que acredite lo que ahí se dice”. Una forma demasiado larga para negar una evidencia, que denota muy poca seguridad. También se despachaba a gusto, Óscar López, jefe de gabinete de Sánchez cuando ocurrieron los hechos, en marzo de 2024, y ahora está convenientemente aforado como ministro, desde septiembre de 2024 insistía en desviar el tiro: “Quien comete un delito es la pareja de la señora Ayuso, quien toma la decisión de filtrar un bulo es el jefe de gabinete de la señora Ayuso. Estamos, insisto, en una campaña para perseguir al que persigue el delito. Es el mundo al revés”. Y no podía faltar el que fuera juez de la Audiencia Nacional y ahora ministro del Interior, Fernando “Pequeño” Marlasca, que disentía de su colega del Supremo diciendo que «Se habla mucho de revelación de secretos, pero me gustaría que la pregunta fuera qué secreto ha revelado el fiscal general» –debe ser el único que no se ha enterado todavía– y echaba de menos la “motivación” del auto.
Me parece interesante recoger la opinión de Felipe González: “Un fiscal general no es del gobierno, es del Estado y está al servicio del Estado y tiene un estatuto de autonomía. Al servicio del gobierno estaba en la época de Franco, que ahora estamos recordando. ¿Qué papel hacen los fiscales durante un procedimiento? Yo, si estuviera en su lugar, dimitiría, pero no por aceptar la responsabilidad, sino por no perjudicar la institución a la que represento. Es más, yo creo que incluso para su sufrimiento personal, tal vez sería mejor que estuviera fuera de este enredo”. También Isabel Díaz Ayuso se refería a la declaración de Felipe González y dejaba su mensaje a Sánchez: “Así defiende el Estado de derecho que está siendo atropellado diariamente por todos los ministros, empezando hoy por el de Justicia, que en lugar de defender el Poder Judicial y a los jueces, todavía van contra ellos. ¿En qué están convirtiendo a Espala? Una dictadura no entra de un día para el siguiente, no se aprieta un botón y ya estamos en dictadura”.
Y termino con algo que Carlos Alsina le dedicó al presimiente Sánchez en noviembre de 2023, cuando recibió el premio Francisco Cerecedo de Periodismo y que no pierde vigencia: “No estamos en guerra, presidente, estamos trabajando. La verdad frente a la manipulación. La verdad frente a la distorsión. La verdad frente a los cambios de opinión. Nos mueve el valor que damos a la palabra dada, a la coherencia y a la memoria. Lamento defraudar a los que piensan que todo es relativo, mantener la palabra dada, no lo es. La coherencia, no lo es. El compromiso, no lo es. La mentira sobre nuestra historia reciente, muy reciente, seguirá siendo mentira, aunque ahora la abrace quien dice velar por nuestra memoria histórica y democrática. La mentira seguirá siendo mentira, aunque nos la hagan pasar por nueva verdad, quienes saben que es mentira”. Amén.
Y mientras se sigue enterrando en el fango de la corrupción y le auguro un negro panorama judicial al nuevo Lenin español, Pedrolás Sanchuro, él sigue emulando al antiguo, Francisco Largo Caballero, que decía en un mitin aquello de que “el socialismo es incompatible con la democracia”, sentencia evidente en la política sanchista. Pero volvía a sacar pecho en la Conferencia de Embajadores (y embajadoras, claro) a los que se dirigía en estos términos, desde su realidad virtual, para hablar del cohete económico español: “Y lo mejor de todo es que lo hemos hecho a golpe de remontada, viniendo de muy atrás. Recordemos semanarios que hoy reconocen a España como la economía con mejor desempeño del año 2023, lo que decían hace doce años y cito textualmente, ‘las peores pesadillas son aquellas de las que no se puede despertar, pregúntenselo a España’ (cierro comillas). Pues vaya si hemos despertado. España ya no ocupa portadas que espantan a inversores, España ofrece paz social, estabilidad, innovación y confianza a raudales –creo que se refería a Madrid y, tal vez, a Andalucía–. España es una de las grandes valedoras de la Unión Europea y por tanto, del toro herido, recordemos, de ese semanario, que decía ‘S pain’, en la portada del The Economist de hace poco más de una década, hemos pasado a ser un pata negra ibérico que se cotiza en todo el mundo. Así que les pido que hablemos, como sé que hablan, del éxito de nuestro modelo económico y social, sin complejo y sin ningún tipo de rubor –él sí debería de ruborizarse, si tuviera la más mínima vergüenza–, no para alabar la política económica que lo ha hecho posible, sino para poner en valor lo mejor que tenemos, que es el talento de nuestras empresas y, por supuesto, de muchos trabajadores y trabajadoras”. Parece que no se acuerda de esta otra portada de The Economist, mucho más reciente, octubre de 2024 : “Pedro Sánchez clings to office at a cost to Spain’s democracy. His opponents accuse him of subverting the constitution“ que recogía así la prensa española: “The Economist atiza a un Pedro Sánchez astuto y despiadado que gobierna con un coste cada vez mayor para la democracia”.
Antonio De la Torre, licenciado en Geología, técnico y directivo de empresa. Analista de opinión.