La Ley de vivienda para cobrar por visitar el piso. Freepik
¿Cobrar por visitar un piso? Juristas defienden a las inmobiliarias como una de las “grandes perjudicadas” de la “nefasta” Ley de Vivienda
Una inmobiliaria con sede en Barcelona ha despertado la polémica dentro del sector por la decisión de cobrar dinero a aquellos potenciales inquilinos que quisieran llevar a cabo una visita a un inmueble de alquiler.
El mercado del alquiler en Barcelona está más tensionado que nunca, y es por eso que, en este contexto, algunas inmobiliarias han optado por empezar a cobrar por llevar a cabo visitas, una decisión que ha generado polémica entre los ciudadanos pero que determinados juristas han defendido para explicar la complicada situación por la que pasan los agentes de la propiedad inmobiliaria.
Tal y como recuerda Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho AF Legis, el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que debe ser el propietario quien pague los honorarios de las inmobiliarias, y no los inquilinos, como se venía haciendo hasta ahora.
Está siendo una transición difícil para las inmobiliarias, explica Goenaga, quien señala que “a quién le hacían el servicio no lo ha pagado nunca y ahora, en muchos casos, no está dispuesto a hacerlo”. La abogada va más allá y reconoce que al tratarse de una “gestión inmobiliaria”, una visita no debería cobrarse; sin embargo, lleva a cabo la siguiente consideración.
“No podemos olvidar que la ley ha perjudicado notablemente el mercado inmobiliario y han disminuido los pisos ofertados, por lo que las inmobiliarias se encuentran con una avalancha de peticiones y que ese trabajo ingente no lo pueden cobrar o no por el coste real que tienen”, detalla Goenaga.
Para la abogada de AF Legis, las inmobiliarias son “las grandes perjudicadas” de la “nefasta” ley de vivienda, y aunque legalmente no deberían cobrar este servicio, entiende que las dificultades de negocio a las que se enfrentan sus comerciales.
Por todo esto, Arantxa Goenaga hace un último llamamiento: “lo que deberían buscar los poderes públicos es ordenar el mercado de forma razonable y lógica y no ir imponiendo prohibiciones que llevan a perjudicar lo que pretendían mejorar”.
