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El Supremo rechaza las denuncias de Manos Limpias contra Puigdemont y Nogueras

El Tribunal Supremo rechaza la denuncia de Manos Limpias contra Carles Puigdemont por llamar “cuervos togados” a los jueces y contra la diputada Míriam Nogueras por sus manifestaciones contra magistrados

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una denuncia presentada por el secretario general de Manos Limpias contra el expresidente de la Generalidad catalana y eurodiputado Carles Puigdemont, al no apreciar delitos de injurias o de odio en un texto que publicó en Instagram en el que se refirió a los jueces españoles como “cuervos togados” que “se revuelven y enseñan garras y colmillos”, y “se les pone cara de general Pavía”. «Se trata de expresiones ofensivas e injustas, pero no son constitutivas de delito», dicta el auto.

El tribunal que ha dictado el auto está formado por Manuel Marchena (presidente), Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres (ponente).

En un auto, el tribunal explica que “la libertad de expresión ampara el derecho a la crítica, también a Jueces y Magistrados, incluso cuando se formula en términos inapropiados y ofensivos como en este caso y, según ha precisado el Tribunal Constitucional, la reacción penal no está justificada frente a cualquier tipo de exceso en el ejercicio de ese derecho”.

Añade que “el discurso o expresiones denunciadas se produjeron en el contexto de un debate político y como expresión de una apreciación crítica de las actuaciones de los jueces y tribunales en el llamado “Proces”. Las expresiones proferidas se limitan a una crítica desabrida a la actuación judicial y su contenido no permite su subsunción normativa en el delito de injurias y, menos aún, en el delito de discurso de odio, dado que se alejan notoriamente del espacio de tipicidad que diseña el artículo 510 CP (Código Penal)”.

El tribunal cita en el auto resoluciones propias anteriores en las que remarcó que “el Derecho penal no es herramienta apta para limar asperezas o imponer un estilo más plano, menos escandaloso, más objetivo o neutro; o para acallar una opinión agria, ni siquiera aunque pueda ser injusta”.

También menciona una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015 que indica que “los límites a los que está sometido el derecho a la libertad de expresión deben ser siempre ponderados con exquisito rigor”, para “no correr el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado democrático».

El Supremo, ponderando el contenido, contexto y finalidad de los hechos denunciados concluye que, “si bien se trata de expresiones ofensivas e injustas, no son constitutivas de delito, razón que conduce a inadmitir a trámite la denuncia, acordando el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones que procedieran ante otros órdenes jurisdiccionales”.

Denuncia contra la diputada Míriam Nogueras

El TS no ha admitido a trámite la denuncia porque las expresiones están amparadas en la inviolabilidad parlamentaria de la que gozan diputados y senadores.

La Sala que ha dictado el auto está formada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente), Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres y Leopoldo Puente (ponente). Se abstuvieron en el asunto el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y la magistrada Carmen Lamela, aludidos en la intervención de la denunciada. Por otro lado, el tribunal declaró su falta de competencia respecto al dirigente de Junts Jordi Turull, incluido en la denuncia, al no ser aforado ante la Sala.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias contra la diputada de Junts Míriam Nogueras por presunto delito de amenazas, por su intervención en el Congreso de los Diputados, el 12 de diciembre de 2023, contra determinados miembros del Tribunal Supremo y una magistrada del Tribunal Constitucional. La parlamentaria manifestó, según se refleja en la denuncia: “A los jueces del procés Marchena, Llarena, Espejel, Lesmes y Carmen Lamela había que juzgarles de inmediato, cesarles”, calificando, además, a dichas personas como “indecentes”.

En un auto, el tribunal explica que las expresiones están amparadas en la inviolabilidad parlamentaria de la que gozan diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones de acuerdo al artículo 71 de la Constitución española, por lo que quedarían al margen de un reproche penal.

Y añade que “frente a las manifestaciones objetivamente ofensivas que pudieran realizar en el desarrollo de sus funciones los Diputados y Senadores, solo puede confiarse en aquellos a quienes nuestra Constitución encomienda el establecimiento de los legítimos límites: en el pueblo español, a través de los correspondientes procesos electorales, y en las facultades gubernativas que se atribuyen a quien preside la Cámara”.

Para el tribunal, el ejercicio de las funciones de Diputado o Senador “no garantiza el acierto en el juicio”, y la expresión de ideas u opiniones “puede resultar extravagante, ácida, incluso carente de alguna clase de racionalidad reconocible”, y “también pueden ser hirientes u objetivamente ofensivas. Pero son todos ellos juicios que, por lo ya explicado, escapan a la valoración jurídico penal. Han de permanecer extramuros de dicho reproche penal si se quiere, –y se quiere–, mantener un sistema político de libertades que no disuada a los representantes del pueblo español de expresar libremente en el ejercicio de sus funciones sus opiniones por desagradables, injustas o estrafalarias que pudieran, en algún caso, resultar”.

El auto añade que “no es dable concebir en términos democráticos más que dos planos legítimos de enjuiciamiento al respecto: el primero y principal de ellos, corresponde al pueblo español a la hora de decidir en los correspondientes procesos electorales qué personas habrán de representarles. Y el segundo se residencia en las facultades normativamente otorgadas a quien preside la correspondiente Cámara”.

En ese sentido, recuerda la Sala que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados establece que los Diputados y oradores serán llamados al orden, entre otros supuestos, cuando profieran palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro de las Cámaras o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad.

“Es natural que así sea, sin demérito alguno del libre ejercicio de tan altas funciones representativas, habida cuenta de que, de otro modo, las personas que pudieran resultar objetivamente ofendidas en la expresión de aquellas manifestaciones (ya fueran autoridades, funcionarios u otros ciudadanos) quedarían injustamente indefensos, sin la posibilidad, además, de responder a dichas imputaciones, amparados, como sí lo está el ofensor, en una inviolabilidad de la que aquéllos carecen (y que no han de tener)”, indica el auto.

El auto concluye “haciendo propias las reflexiones del Ministerio Fiscal, que difícilmente podríamos expresar de una manera más clara: “Por lo tanto, más allá de las limitaciones derivadas del ejercicio de la potestad directiva y disciplinaria de la Presidencia de la Cámara, no es admisible ninguna posibilidad de restringir el alcance de la inviolabilidad por las opiniones y expresiones realizadas en el ejercicio de las funciones parlamentarias”.

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